Por: L. Chacón


América Latina presenta algunas de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto. Si bien sólo tres países—Chile, El Salvador y República Dominicana—no contemplan ningún tipo de excepción o rebaja de la pena por la realización de abortos, en la mayoría de los países y jurisdicciones la ley incluye excepciones a la pena sólo cuando resulta necesario para salvar la vida de una mujer embarazada y en otras circunstancias puntuales específicamente definidas. Aún en los casos donde el aborto no está penalizado por ley, las mujeres suelen tener un acceso severamente limitado al mismo como consecuencia de la ausencia de regulaciones adecuadas y de la voluntad política necesaria.


El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región, especialmente en El Salvador, en el que no se le da importancia a tal problema.


Las organizaciones latinoamericanas de mujeres han luchado durante décadas por el derecho al aborto seguro y legal. En algunos casos, el derecho internacional de los derechos humanos respalda sus reclamos. De hecho, los instrumentos legales internacionales sobre derechos humanos y las interpretaciones autorizadas de dichos instrumentos, realizadas por órganos integrados por expertos calificados de las Naciones Unidas, concluyen que el acceso al aborto seguro y legal es un elemento central para el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres en términos generales, incluyendo sus derechos reproductivos y aquellos relacionados a su inherente condición de persona.


En nuestros países algunas mujeres son violadas por sus cónyuges o por otras personas, mientras que a muchas otras se les deniega el acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva, así como la posibilidad de decidir sobre la interrupción de embarazos no deseados recurriendo a abortos legales y seguros. En toda la región se realizan millones de abortos cada año, y miles de mujeres mueren como resultado. En muchos países de la región las consecuencias de los abortos ilegales constituyen una de las principales causas de mortalidad materna, en este sentido cabe destacar que no se realizan estudios en los que se pueda conocer excatamente la mortalidad materna a causa del aborto, pues no se le da la importancia debida.


Al respecto en El Salvador, en 1997, la Asamblea modificó el Código Penal para eliminar la posibilidad de dispensar las sanciones penales cuando la vida de la mujer se encuentre en peligro, cuando el embarazo sea resultado de una violación, o cuando el feto padezca malformaciones severas y previsibles. Como resultado, las mujeres que se realizan abortos en nuestro país corren el riesgo de ser sancionadas penalmente, aún en el caso de que sus vidas sean puestas en peligro por un embarazo.


Según un estudio realizado por el CRLP, los únicos datos con los que se cuenta en la actualidad son las cifras de ingresos hospitalarios. Las estadísticas del Ministerio de Salud, que sistematizan el número de hospitalizaciones por abortos en los centros de salud a su cargo indican que en 1998, se registró 7,436 hospitalizaciones por aborto a nivel nacional, y en el primer semestre de 1999, el Ministerio había registrado 3,766. Sin embargo estas cifras de abortos atendidos en los hospitales solamente se pueden tomar como una indicación de la prevalencia del aborto, pero son imprecisas y vagas y no contribuyen a mostrar la dimensión del problema del aborto inducido en El Salvador.


El Salvador, desde muchos años el tema del aborto esta sesgado por el aspecto religioso, alegando que es un patrón anticultural y un pecado. En general el aborto no es visto como un derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo y su vida. Se nos dice qué hacer y si no queremos un embarazo, somos pecadoras y delincuentes si tan solo pensamos el hecho de abortar.


En este sentido es de poner en la mesa de discusión varias cosas:
* ¿Vale la pena que una jovencita de 15 años traiga al mundo a un niño/a que no puede mantener o que atenta contra su vida?
* ¿Soy delincuente y pecadora porque decido no tener un embarazo producto de una violación?
* ¿Porque las leyes no respetan nuestro derecho como mujer a poder elegir aquello que nos conviene? cuando el mismo gobierno no genera políticas adecuadas para mantener a tantos niños en las calles, ni políticas de salud para la mujer. Cuando no se genera ni un sistema adecuado que de orientación sexual adecuada.
* ¿Porque el tabú de tocar un tema vale mas que mi derecho a decidir sobre mi cuerpo?
* ¿La mujer debe arriesgarse a perder la vida a causa de un embarazo no deseado?


Pregunto, un país en el que se crean políticas y leyes antiterroristas, donde se quiere aprobar la pena de muerte, atentados contra la vida de otras personas, y aun se valora que el aborto es un tema que no debe tocarse y que es un atentado a la vida?.


La mujer es vulnerada en muchos casos sin que el gobierno haga absolutamente nada, y sin embargo se le sigue atribuyendo la mera tarea de procrear hijos a costa de lo que sea. Como mujer tengo el derecho a decidir que quiero para mi futuro y debe de respetarse mi integridad como ser humano, el negar este derecho es mas un planteamiento machista de la sociedad, que culturalmente se ha incrustado en la mente de cada persona y promulgado por la iglesia, este es el pensamiento de nuestra Asamblea, nuestros políticos no son capaces de ver el trasfondo de esto, no tienen la capacidad de analizar la problemática desde otros ámbitos, desde el derecho universal de las mujeres, se nos sigue negando nuestra opinión, no se nos deja decidir, seguimos siendo en la sociedad del siglo XXI ciudadanas de segunda clase.


Sin embargo, vale la pena recalcar ese esfuerzo de organizaciones de mujeres a nivel latinoamericano por este derecho. Cada mujer es capaz de decidir por su propia cuenta algo que le conviene o no. Porque a la fecha no se castiga a los padres irresponsables?, porque las mujeres tenemos que aguantar una carga sin el apoyo de nadie? Porque no se hace nada por reducir los índices de mortalidad materna? Mientras nuestros gobiernos sigan ocultando el tema, la mujer seguirá sufriendo las consecuencias.