Martes, 17 de julio de 2007
Juez en El Salvador: Los Cargos de Terrorismo Contin?an contra los 13 de Suchitoto

Por Jason Wallach

12 de julio del 2007

Los cargos de "Actos de Terrorismo" permanecer?n contra 13 de los 14 acusados arrestados durante la manifestaci?n del 2 de julio contra la privatizaci?n del agua en Suchitoto, dictamin? una jueza el s?bado. La jueza Ana Lucila Fuentes del Tribunal Especial de San Salvador neg? fianza a los acusados envi?ndolos a un m?nimo de 90 d?as mientras los fiscales re?nen evidencia para el proceso judicial.

Fuentes de Paz retir? los cargos de "Desorden P?blico" y "Asociaci?n Il?cita" contra todos los acusados, argumentando que los fiscales han fracasado en generar pruebas en los casos. Al 14avo acusado, Facundo Garc?a, le fueron retirados todos los cargos. La jueza Fuentes dijo que Garc?a solo ayud? a los arrestados y que ese acto no constituye un crimen. Garc?a permanece hospitalizado como resultado de los golpes sufridos en manos de la Polic?a Nacional Civil durante el arresto.

Los cargos permanecer?n, sin embargo, contra Lorena Mart?nez y Rosa Mar?a Centeno, Presidenta y Vice presidenta de la muy conocida organizaci?n de desarrollo comunal CRIPDES-CORDES. Las dos fueron conducidas fuera del Tribunal Especial con Mart?nez atada por la mu?eca derecha a la mu?eca izquierda de Centeno mientras coreaban "?Nosotras no somos terroristas, nosotras somos ciudadanas!" y eran empujadas dentro de los veh?culos policiales.

"Cuando vemos el video vemos que no hay actos de terrorismo. Nosotros creemos que estas detenciones son arbitrarias", dijo el abogado defensor Ra?l Antonio L?pez al peri?dico izquierdista Diario CoLatino. El peri?dico report? que la abogada defensora Karla Alban?s se sorprendi? ante la decisi?n de la jueza en el caso. Alban?s mostr? la severa falta de evidencia presentada por los fiscales contra los acusados. Ambos miembros del equipo de la defensa prometieron apelar la decisi?n de la jueza.

Antes de la audiencia el s?bado en la ma?ana, miles mostraron su apoyo a los arrestados marchando hacia el edificio donde los cargos fueron dados a conocer. La marcha se extendi? por una media milla completa desde la Plaza El Salvador del Mundo hasta el lujoso mall Galer?as ubicado en el bulevar Paseo Escal?n hasta llegar a la plaza frente al Tribunal Especial. Los participantes llevaban carteles que dec?an "Libertad para los 14 presos pol?ticos". Organizados por el partido de oposici?n FMLN, los manifestantes argumentaron que los cargos por "Actos de Terrorismo" fueron dirigidos a silenciar la disensi?n p?blica hacia la controversial pol?tica de "descentralizaci?n" nacional del agua del Presidente Saca.

Muchos de los manifestantes expresaron su preocupaci?n porque los 14 detenidos son los primeros presos pol?ticos en El Salvador desde que los Acuerdos de Paz fueran firmados en 1992. La mayor?a estuvo de acuerdo en que la aplicaci?n maliciosa de la Ley Anti-Terrorismo contra los manifestantes puede significar una peligrosa regresi?n al pasado, cuando el Estado abiertamente atac? a la expresi?n de la oposici?n pol?tica. Ellos dijeron que la protesta del 2 de julio hab?a sido pac?fica hasta que la misma polic?a lanz? gases lacrim?genos y dispar? balas de hule mientras desalojaron violentamente a los manifestantes quienes hab?an bloqueado las calles.

Un comunicado del 4 de julio firmado conjuntamente por m?s de 60 organizaciones sociales salvadore?as demandaron la libertad inmediata de todos los detenidos y que de no ser posible ?sta, exhortaron a respetar la integridad f?sica de los acusados por la polic?a y otras autoridades estatales. Las demandas fueron hechas en medio de alegaciones de que la polic?a hab?a amenazado con lanzar a algunos de los arrestados desde los helic?pteros cuando sobrevolaron el Lago Suchitoto el 2 de julio. Dichas amenazas resuenan hondamente aqu? ya que recuerdan memorias de las atrocidades de la d?cada de los 1980s. Un informe de la ONU de 1993 encontr? que el Ej?rcito y la Guardia Nacional eran responsables del 95 % de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo 1980-1992 del conflicto civil.

Mientras tanto, organizaciones de la solidaridad estadounidenses que trabajan con un amplia gama de grupos salvadore?os demandaron garant?as por la integridad f?sica de los arrestados y por su inmediata liberaci?n. El Comit? en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) se sum? al llamado a repeler la Ley Anti-Terrorismo.

"Si el gobierno de EUA apoy? p?blicamente la aprobaci?n de la Ley Anti-Terrorismo, de la misma forma deber?an denunciar cuando ?sta es aplicada por motivos pol?ticos", dijo Krista Hanson, Directora de Programa de CISPES desde su base en Nueva York.

Representantes de la organizaci?n Ciudades Hermanas anunciaron que el esfuerzo de la campa?a de cartas del tipo "Dear Colleague" ha logrado el patrocinio de dos congresistas. Los representantes dijeron que el texto final de la carta ya est? terminado y que el grupo comenzar? la b?squeda de congresistas colaterales en las semanas venideras.

Los grupos estadounidenses han lanzado una campa?a conjunta de faxes para pedir por la liberaci?n de los detenidos y para llamar la atenci?n a lo que ellos argumentan es una aplicaci?n pol?ticamente motivada de la Ley Anti-Terrorismo. Los representantes de los grupos (incluyendo el autor de este reportaje) se reunieron con el embajador de EUA en El Salvador, Charles Glazer, el 11 de julio pasado. En la reuni?n pidieron al embajador un pronunciamiento p?blico de la posici?n de la embajada en relaci?n a la protesta del 2 de julio y los eventos posteriores.

Traducido por Reynaldo Contreras Valle

CISPES

Comit? en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador

212-465-8115

www.cispes.org




Versi?n en Ingles.

Judge in El Salvador: Terrorism Charges Stand Against Suchitoto 13

Charges of ?Acts of Terrorism? will stand against thirteen of fourteen defendants arrested at a July 2nd protest against water privatization in Suchitoto, a judge ruled Saturday. Judge Ana Lucila Fuentes de Paz of the Special Tribunal of San Salvador denied bail for the accused, sending them to an estimated 90 days in jail while prosecutors gather evidence for trial.

Fuentes de Paz threw out ?Public Disorder? and ?Illicit Association? charges against all the defendants, arguing that prosecutors had failed to generate proof in those cases. A fourteenth defendant, Facundo Garc?a, had all charges dropped. Judge Fuentes said Garc?a had only sought to aid other arrestees, and that act did not constitute a crime. Garc?a remains hospitalized as a result of blows suffered at the hands of National Civil Police during his arrest.

Charges remained, however, for Lorena Martinez and Rosa Maria Centeno, President and Vice-president of the well-known CRIPDES-CORDES community development organization. The two were led out of the Special Tribunal with Martinez? right wrist handcuffed to Centeno?s left. They chanted, ?We are not terrorists, we are citizens!? in unison as they were muscled into waiting police vehicles.

?When we look at the video, we see that there are no acts of terrorism. We believe that these detentions are arbitrary,? defense attorney Ra?l Antonio L?pez told the left-leaning Diario CoLatino newspaper. The paper reported that defense attorney Karla Alban?s was stunned by the Judge?s decision in the case. Alban?s noted the severe lack of evidence presented by prosecutors against defendants. Both members of the defense team vowed to appeal the judge?s decision.

Before the hearing on Saturday morning, thousands of supporters of the arrestees marched on the building where charges were aired. The march stretched the entire half-mile from El Salvador del Mundo park to the upscale Galerias shopping mall along the Paseo Escal?n Boulevard, before terminating at the plaza in front of the Special Tribunal. Participants carried signs that said, ?Freedom for the 14 political prisoners.? Organized by the opposition FMLN political party, marchers argued that the ?Acts of Terrorism? charges were aimed at silencing public dissent toward President Antonio Saca?s controversial national ?decentralization? policy.

Many marchers expressed concern that the 14 detainees were El Salvador?s first political prisoners since Peace Accords were signed in 1992. Most agreed that the malicious application of the Anti-terrorism Law against protesters could signal a dangerous retrogression to the past, when the State openly targeted opposition political expression. They said that the July 2 protest had been peaceful until police shot tear gas and rubber bullets as they violently dislodged protesters who had blocked streets.

A July 4 statement signed by more than 60 Salvadoran social organizations demanded an immediate release of all detainees. Barring that, they exhorted respect for the physical integrity of the accused by police and other state authorities. The demands were made in the wake of claims that police had threatened to throw some arrestees out of a transport helicopter as it hung over Lake Suchitoto on July 2. Such threats resonate deeply here, sparking memories of human rights atrocities of the 1980?s. A 1993 UN report found that the Salvadoran Army and National Guard were responsible for 95% of human rights violations committed during the 1980-1992 period of civil conflict.

Meanwhile, US solidarity organizations working with a wide range of Salvadoran groups demanded guarantees for the physical integrity of the arrestees, and for their immediate release. The Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES) added a call for the repeal of the Anti-terrorism Law.

"If the US Government publicly supported the approval of the Anti-terrorism Law, as they did, then they should denounce it when it is being applied for political purposes," said Krista Hanson, Program Director for the New York-based CISPES.
Representatives from the US-El Salvador Sister Cities organization announced that efforts to launch a ?Dear Colleague? letter in the US Congress had netted two co-sponsors. They said final wording of the letter was finished and that the group would start searching for Congressional co-signers in the coming weeks.

The US groups have launched a joint fax-in campaign to call for the freedom of the detainees and to draw attention to what they argue is a politically-motivated application of the Anti-terrorism Law. Representatives of the groups (including the author of this report) met with US Ambassador to El Salvador, Charles Glazer on July 11. At the meeting, they asked the Ambassador for a public pronouncement about the US Embassy?s position regarding the July 2 protest and its aftermath.

Jason Wallach is a member of the Upsidedown World editorial collective and is currently visiting El Salvador.

Take Action! (contact information has been updated)

1. Educate yourself about the situation (US El Salvador Sister Cities has prepared a timeline of events that you can find here.)

2. Send four international faxes or emails (sample letter below).

3. Contact media that will publicize these events. Contact CISPES or Sister Cities to get telephone interviews and English-Spanish translation for Salvadoran activists who either witnessed the events in Suchitoto or who have been involved in the organizing against water privatization. Contact: [email protected] email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , 212-465-8115 x204 or [email protected] email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , or (585) 360-1985.

Your action is critical to helping defend the right to organize and to showing solidarity with those who are struggling to keep water accessible and public in El Salvador!

Sample letter to e-mail or fax to President Saca and Minister of Security Rene Figueroa

Please make your voice heard!

We are asking for e-mails, faxes, or phone calls to express concern about the growing repression of protest in El Salvador and the violent arbitrary arrests and to demand respect for the physical and moral integrity of the prisoners and their immediate release. Please direct your correspondence to:

All faxes begin with 011 (international code) and then 503 (the El Salvador country code)

Excelent?simo Sr. El?as Antonio Saca, Presidente de El Salvador:
Telephone (011- 503) 2248-9000.
Fax (011 503) 2243-9947
Email at this website: http://www.casapres.gob.sv/prescartas.htm



Lic. Felix Garrid Safie, Fiscal General de la rep?blica de El Salvador (Attorney General of El Salvador)
Telephone (country code 503) 2249-8412 / (503) 2249-8749
Fax: (011 503) 2528-6096
E-mail: [email protected] email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Dr. Agust?n Garc?a Calder?n,: Presidente de la Corte Suprema de Justicia (President of the Supreme Court of El Salvador)
Telephone : (011 503) 2231-8300, (503) 2271-8888.
Fax: (011 503) 2243-9930, (503) 22437857.
Web-Page: www.csj.gob.sv

Charles L. Glazer, U.S. Ambassador to El Salvador
Tel: (011 503) 2278-4444
Fax: (011 503) 2278-6011

------------------------------------

Sample Letter (Spanish):

4 de julio, 2007

(Title and Name)

Le escribo para expresar mi grave preocupaci?n por las recientes acciones de represi?n realizadas en contra de la poblaci?n rural en el Municipio de Suchitoto, as? como la captura violenta y arbitraria de l?deres de las comunidades.

La desmedida reacci?n policial se produjo contra la poblaci?n en manifestaci?n pac?fica contra la privatizaci?n del agua, que no es otra cosa que la expresi?n leg?tima de descontento social ante las pol?ticas anti-populares. Este tipo de acci?n represiva evidencia la violaci?n de derechos humanos y amenazas a la libertad de organizaci?n y expresi?n. Los golpes, capturas, cateos, persecuci?n y sobrevuelo de helic?pteros traen a la memoria los momentos m?s dif?ciles para la poblaci?n rural durante el conflicto armado, y veo con alarma este retroceso en el proceso de construcci?n de la democracia iniciado con los acuerdos de paz.

A la vez quiero denunciar la captura violenta de 14 personas incluyendo l?deres de las comunidades y la organizaci?n no-gubernamental, CRIPDES, entre ellos Marta Lorena Araujo, Rosa Mar?a Centeno, Mar?a Haydee Chicas, y Manuel Antonio Rodr?guez. Exijo para ellos el respeto a su integridad f?sica y moral, y el proceso justo de ley que lleve a su inmediata liberaci?n. Tambien me preocupa mucho que el gobierno pueda acusar a las y los participantes en una manifestaci?n pacifica de terrorismo y crimen organizado ? le urjo a retirar estas acusaciones.

Por ?ltimo quiero expresar mi solidaridad con las comunidades rurales y con CRIPDES en su labor a favor del desarrollo social y econ?mico del pa?s, un trabajo que he visto importante para la construcci?n de paz y democracia. Rechazo cualquier alegaci?n directa o indirecta para vincular a CRIPDES con actividades terroristas, o con el caso de Mario Belloso y los sucesos del 5 de julio del 2006

Atentamente,

(your name, affiliation)

-------------------------

Translation (send the Spanish version, though)

July 4, 2007

(Title and Name)

I am writing to express my grave concern about the recent actions of repression carried out against the rural population in the Municipality of Suchitoto, as well as the violent and arbitrary capture of community leaders.

The disproportionate police reaction against the population came in response to a non violent protest against the privatization of water, a legitimate expression of social discontent toward policies that hurt the people. This type of repressive action gives evidence of the violation of human rights and threats to the freedom of organization and expression. Beatings, arrests, searches, persecution and helicopter fly-overs bring to memory the most difficult moments for the rural population during the past armed conflict, and I am alarmed by this step backwards in the process of building democracy that was proposed with the signing of the peace accords.

As well I want to denounce the violent arrests of 14 people including leaders from the communities and the non-governmental organization, CRIPDES, among them Marta Lorena Araujo, Rosa Mar?a Centeno, Mar?a Haydee Chicas, and Manuel Antonio Rodr?guez. I ask that you respect their physical and moral integrity, and follow the just process of law that leads to their immediate release. It is also of extreme concern that the government might charge peaceful protestors with terrorism and organized crime ? I urge you to drop all those charges.

Finally, I want to express my solidarity with the rural communities and with CRIPDES in their work for the social and economic development of the country, which I have seen to be very important for the construction of lasting peace and democracy. I reject any direct or indirect allegations that try to link CRIPDES with terrorist activities, or with the case of Mario Belloso and the events of July 5, 2006.

Sincerely,

(your name, affiliation)

Tags: Cispes_declaration, Prisioneros_Políticos

Publicado por chichicaste @ 14:55  | PRESOS POL?TICOS
Comentarios (2)  | Enviar
Comentarios
Publicado por Invitado
Viernes, 04 de septiembre de 2009 | 4:27
hola como estan?
Publicado por Invitado
Viernes, 04 de septiembre de 2009 | 4:27
hola como estan?