Comentarios de Mauricio Funes en el Programa Sin Censura - Radio Mi Gente. Muy bueno.
Se veía venir…
Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
A nadie debería sorprender que el gobierno esté promoviendo el endurecimiento de las penas para delitos que ya están contemplados en el código penal, sobre todo, porque las mismas autoridades no han tenido escrúpulos en hacer público su malestar cuando las sanciones para este tipo de delitos no satisfacen la calentura autoritaria de algunos funcionarios enquistados en el gabinete de seguridad.
El Viceministro Astor Escalante presentó a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la legislación penal que cambiaría la tipificación para el delito de desórdenes públicos (Art. 348 CPn) al tiempo que aumentaría los años de prisión para quiénes participen en cualquier tipo de actividad que a criterio de las autoridades tenga como finalidad atentar contra la paz pública.
Al gobierno parece que no le basta castigar con dos y hasta cuatro años de cárcel la alteración del orden público, sobre todo las acciones de organizaciones que obstaculicen las vías públicas o que ocupen instalaciones o edificios y ocasionen de esta manera desórdenes públicos.
Para el gabinete de seguridad pública, tal sanción es insuficiente para reprimir y castigar a quienes expresen su protesta y en el entender gubernamental atenten contra la paz pública.
La reforma propuesta llega al extremo de castigar con sanción hasta de diez años de cárcel a todos aquellos que protesten y ocupen instalaciones hospitalarias, interrumpiendo de esta forma la prestación de los servicios de salud para la población.
Diez años de cárcel es una sanción mayor a la que se le impone a quién dispare un arma de fuego, sin justificación, en un lugar habitado, en la vía pública o en un sitio público frecuentado.
Es mayor al que comete un estupro, es decir, al que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con un menor de edad. Es una sanción mayor para el que maltrate a un menor de edad con evidente perjuicio físico, moral o sicológico.
Es mayor, también, para el que robe con ánimo de lucro para sí o para un tercero, aunque para ello emplee la violencia. Es mayor para el que envenene, contamine o adultere aguas o productos alimenticios, destinados al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Es mayor que la sanción que se le impondría al funcionario o empleado público que con ocasión del cargo que desempeña obtenga un incremento injustificado de su patrimonio. Incluso, es mayor que la pena que debe enfrentar quién revele secretos políticos o militares referentes a la seguridad del Estado o facilite su divulgación.
Además del evidente autoritarismo que esconde esta visión de las conductas sociales, los asesores legales del Ministerio de Seguridad rompen con el principio de proporcionalidad al castigar con una pena más grave acciones que en virtud de esta reforma pasarían a ser identificadas como alteración de la paz pública.
Lo curioso de todo este esfuerzo gubernamental es que tal actitud frente a los desórdenes públicos no se corresponde con la intransigencia que las autoridades deberían mostrar cuando se trata de delitos de cuello blanco que acaban provocando similar o peor perjuicio del que ahora con esta reforma supuestamente pretenden evitar.
Una investigación de La Prensa Gráfica reveló que el titular del Ministerio de Salud Pública obstaculizó la puesta en funcionamiento de un equipo para la realización de tomografías, con lo que impidió deliberadamente el acceso de la población a un servicio público esencial como es la salud.
En este caso, la negligencia del funcionario no sólo no fue castigada sino que ni siquiera se abrió un expediente administrativo para investigar semejante omisión y evitar que el caso se repita con el evidente impacto en la salud de la población.
En nuestro país no sólo la ocupación de un Hospital impide que los salvadoreños tengan acceso a la salud, también la falta de un presupuesto suficiente y algunas decisiones arbitrarias y discrecionales de los funcionarios evitan que un porcentaje importante de la población gocen de este servicio público.
Este inusitado interés que han demostrado las autoridades por perseguir aquellas conductas que consideran nocivas para la paz social y la tranquilidad ciudadana, debería ser mostrada también, cuando desde el Estado se pone en grave riesgo la seguridad de un grupo significativo de salvadoreños.
Hace unos días se cumplieron tres años desde que fue denunciada la defraudación millonaria cometida por la casa corredora de valores OBC, en contra de más de un centenar de familias salvadoreñas.
En todo este tiempo, todas las instancias de investigación han actuado con evidente negligencia, pasando por alto el bienestar de los afectados.
Ni la Fiscalía General de la República, ni la Superintendencia de Valores, han hecho lo necesario para recuperar el dinero defraudado y menos para castigar a los delincuentes de cuello blanco involucrados en este delito a la economía pública.
Inexplicablemente, el Ministerio Público no ha querido orientar las investigaciones hacia los años en que la administración de esta casa corredora de valores dependía enteramente de un conocido ex Director de la Policía Nacional Civil.
El empeño y la diligencia de los investigadores policiales y fiscales en este caso no es el mismo que el interés de reprimir la protesta pública mostrado por los miembros del gabinete de seguridad, quiénes se apresuraron a introducir una reforma de última hora en la Asamblea Legislativa para corregir el entuerto que representa la llamada Ley Antiterrorista.
Ya decía Monseñor Romero, hace casi 30 años, a propósito de la violencia que se expresaba en las calles de San Salvador y en las zonas rurales del país: “..A mí me da miedo cuando leyes represivas o actitudes violentas están quitando el escape legítimo de un pueblo que necesita manifestarse. ¿Qué sucede con la caldera que está hirviendo y no tiene válvulas de escape? Puede estallar.
Todavía es tiempo de dar a la voz de nuestra gente la manifestación que ellos desean. Con tal de que haya, al mismo tiempo, la justicia que regula. Porque, naturalmente, hermanos, cuando defendemos estas justas aspiraciones no estamos parcializándonos con reclamos terroristas…”
(Homilía del 19 de Marzo de 1978).
Como Monseñor Romero, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, “ni la que brota como fruto de la represión ni la que reprime en formas tan bárbaras”.
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Editorial de Mauricio Funes
Programa Sin Censura – Radio Cadena Mi Gente (700 AM)
A nadie debería sorprender que el gobierno esté promoviendo el endurecimiento de las penas para delitos que ya están contemplados en el código penal, sobre todo, porque las mismas autoridades no han tenido escrúpulos en hacer público su malestar cuando las sanciones para este tipo de delitos no satisfacen la calentura autoritaria de algunos funcionarios enquistados en el gabinete de seguridad.
El Viceministro Astor Escalante presentó a la Asamblea Legislativa un paquete de reformas a la legislación penal que cambiaría la tipificación para el delito de desórdenes públicos (Art. 348 CPn) al tiempo que aumentaría los años de prisión para quiénes participen en cualquier tipo de actividad que a criterio de las autoridades tenga como finalidad atentar contra la paz pública.
Al gobierno parece que no le basta castigar con dos y hasta cuatro años de cárcel la alteración del orden público, sobre todo las acciones de organizaciones que obstaculicen las vías públicas o que ocupen instalaciones o edificios y ocasionen de esta manera desórdenes públicos.
Para el gabinete de seguridad pública, tal sanción es insuficiente para reprimir y castigar a quienes expresen su protesta y en el entender gubernamental atenten contra la paz pública.
La reforma propuesta llega al extremo de castigar con sanción hasta de diez años de cárcel a todos aquellos que protesten y ocupen instalaciones hospitalarias, interrumpiendo de esta forma la prestación de los servicios de salud para la población.
Diez años de cárcel es una sanción mayor a la que se le impone a quién dispare un arma de fuego, sin justificación, en un lugar habitado, en la vía pública o en un sitio público frecuentado.
Es mayor al que comete un estupro, es decir, al que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con un menor de edad. Es una sanción mayor para el que maltrate a un menor de edad con evidente perjuicio físico, moral o sicológico.
Es mayor, también, para el que robe con ánimo de lucro para sí o para un tercero, aunque para ello emplee la violencia. Es mayor para el que envenene, contamine o adultere aguas o productos alimenticios, destinados al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Es mayor que la sanción que se le impondría al funcionario o empleado público que con ocasión del cargo que desempeña obtenga un incremento injustificado de su patrimonio. Incluso, es mayor que la pena que debe enfrentar quién revele secretos políticos o militares referentes a la seguridad del Estado o facilite su divulgación.
Además del evidente autoritarismo que esconde esta visión de las conductas sociales, los asesores legales del Ministerio de Seguridad rompen con el principio de proporcionalidad al castigar con una pena más grave acciones que en virtud de esta reforma pasarían a ser identificadas como alteración de la paz pública.
Lo curioso de todo este esfuerzo gubernamental es que tal actitud frente a los desórdenes públicos no se corresponde con la intransigencia que las autoridades deberían mostrar cuando se trata de delitos de cuello blanco que acaban provocando similar o peor perjuicio del que ahora con esta reforma supuestamente pretenden evitar.
Una investigación de La Prensa Gráfica reveló que el titular del Ministerio de Salud Pública obstaculizó la puesta en funcionamiento de un equipo para la realización de tomografías, con lo que impidió deliberadamente el acceso de la población a un servicio público esencial como es la salud.
En este caso, la negligencia del funcionario no sólo no fue castigada sino que ni siquiera se abrió un expediente administrativo para investigar semejante omisión y evitar que el caso se repita con el evidente impacto en la salud de la población.
En nuestro país no sólo la ocupación de un Hospital impide que los salvadoreños tengan acceso a la salud, también la falta de un presupuesto suficiente y algunas decisiones arbitrarias y discrecionales de los funcionarios evitan que un porcentaje importante de la población gocen de este servicio público.
Este inusitado interés que han demostrado las autoridades por perseguir aquellas conductas que consideran nocivas para la paz social y la tranquilidad ciudadana, debería ser mostrada también, cuando desde el Estado se pone en grave riesgo la seguridad de un grupo significativo de salvadoreños.
Hace unos días se cumplieron tres años desde que fue denunciada la defraudación millonaria cometida por la casa corredora de valores OBC, en contra de más de un centenar de familias salvadoreñas.
En todo este tiempo, todas las instancias de investigación han actuado con evidente negligencia, pasando por alto el bienestar de los afectados.
Ni la Fiscalía General de la República, ni la Superintendencia de Valores, han hecho lo necesario para recuperar el dinero defraudado y menos para castigar a los delincuentes de cuello blanco involucrados en este delito a la economía pública.
Inexplicablemente, el Ministerio Público no ha querido orientar las investigaciones hacia los años en que la administración de esta casa corredora de valores dependía enteramente de un conocido ex Director de la Policía Nacional Civil.
El empeño y la diligencia de los investigadores policiales y fiscales en este caso no es el mismo que el interés de reprimir la protesta pública mostrado por los miembros del gabinete de seguridad, quiénes se apresuraron a introducir una reforma de última hora en la Asamblea Legislativa para corregir el entuerto que representa la llamada Ley Antiterrorista.
Ya decía Monseñor Romero, hace casi 30 años, a propósito de la violencia que se expresaba en las calles de San Salvador y en las zonas rurales del país: “..A mí me da miedo cuando leyes represivas o actitudes violentas están quitando el escape legítimo de un pueblo que necesita manifestarse. ¿Qué sucede con la caldera que está hirviendo y no tiene válvulas de escape? Puede estallar.
Todavía es tiempo de dar a la voz de nuestra gente la manifestación que ellos desean. Con tal de que haya, al mismo tiempo, la justicia que regula. Porque, naturalmente, hermanos, cuando defendemos estas justas aspiraciones no estamos parcializándonos con reclamos terroristas…”
(Homilía del 19 de Marzo de 1978).
Como Monseñor Romero, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna forma de violencia, “ni la que brota como fruto de la represión ni la que reprime en formas tan bárbaras”.
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Tags: Dictadura, Presos_Políticos, El Salvador
Publicado por alfredo tejada
sábado, 25 de agosto de 2007 | 19:34
Estedia savado salieronparaguatemala persojes areneros a envenenar dementiras alpueblo guatemalteco llevandoconsigo unmensaje de terror de odio y de panico pero aligual que lo isieron en nicaragua regresaron con la cola entre las patas elpueblo nolescrello, esto lo hasen porladesesperacion de perder elpoder porque de nadie es secreto losmismosseudos empresarios de elsavador estan enguatemala,nicaragua,panama y honduras isimos una investigacion donde losdueños de hidrocarburos de elsalvador son los mismos en guatemala en honduras nicaragua ycostarrica esporeso que vancorrindo yladrando los perros areneros amorder alo gatemaltecos
