Una noticia importante de este día se refiere a la intervención del procurador Procurador de los Derechos Humanos, Oscar Luna, para pedir el cierre de la planta Record (productora de baterías con el mismo nombre) por el alto grado de contaminación de plomo que esta empresa produce, afectando gravemente la salud de las comunidades aledañas a las instalaciones de dicha fábrica. De acuerdo a los análisis médicos que se les hicieron a los afectados los niveles de plomo sobrepasan los 16.65 miligramos por decilitro, este es de por si un envenenamiento lo cual ha causado en las víctimas nauseas, vómitos, dolores de cabeza y mareos, síntomas tipificados por el el envenenamiento de plomo que se les encontraron en los cuerpos de las personas que han sido contaminadas por ese químico.

La Fábrica de Baterías Récord de El Salvador SA de CV, ubicada en San Juan Opico, departamento de La Libertad, ha hecho caso omiso de las denuncias de contaminación que su fábrica produce.

Asi también ha hecho caso omiso el actual ministro de Salud, Guillermo Maza, que al parecer se ve vinculado con esta empresa.

Igualmente el gobierno pasa por alto las denuncias hechas para que intervenga y se cierre dicha empresa por el envenenamiento causado al producir las baterías sin el mínimo nivel de seguridad en el uso de químicos peligrosos para la salud, tal como es el plomo.

Hasta el momento ha tenido que ser una institución independiente al estado salvadoreño, la que hace un llamamiento e intervención para que se respete la salud de las personas que viven en la circunvencidades aledañas a dicha fabrica en San Juan Opico.

La falta de instituciones que regularicen y monitoreen los grados de higiene y seguridad que empresas como la Baterias Record permiten que dichas empresas funcionen con la venia del estado que en todo caso debería de poseer instituciones que observen de forma constante el funcionamiento de dichas empresas ya que los materiales utilizados por ellos colocan en peligro la salud de los ciudadanos.

Sin embargo en El Salvador los gobiernos de la ultraderecha, permiten nunca permitirían que se introduzcan instituciones para este monitoreo ya que contraviene sus propios intereses de los afiliados a su partido o empresarios que al final son los interesados en que actividades de producción no sean reguladas pues en todo momento influye en gastos que para ellos son contraproducentes en lo que respecta a sus ganancias.

Dichas empresas jamas podrían llevar sus actividades en países donde existen instituciones que monitorean y regulan los niveles de seguridad laboral e higiene a los standards que mantienen un funcionamiento de empresas como estas sin poner en peligro la salud de sus pobladores.

Si la planta Record ubicada en San Juan Opico no es cerrada habrá que insistir entonces por medio de otras vias legales a nivel latinoamericano para presionar de esta forma al gobierno y poner enfasis en el hecho de que éste viola de esta forma los convenios de la OIT, asi como el hecho de que permitan el envenamiento de las comunidades aledañas, como entes vinculantes al problema por no imponer a sus instituciones las medidas que regulen cada una de estas fabricas, y en tal caso insistir que las organizaciones en defensa del consumidor intervergan para que se sepa y conozca ante la opinión mundial el envenenamiento a los pobladores de San Juan Opico, por la producción de dichas baterías producidas por la fabrica Record, para que estas no tengan ningún beneficio económico y sean baneadas en el intercambio de comercio por ser un producto que se produce a partir del envenenamiento a la los ciudadanos que viven en las vecindades.

¿Que es lo que podemos hacer el resto de los ciudadanos?

Seguir denunciando desde el interior y el exterior para que se de a conocer este problema para que las diferentes organizaciones de solidaridad con el pueblo salvadoreño pongan atención al irrespeto a los derechos humanos, asi como denunciar las actividades de empresas como las de las plantas Record que irresponsablemente estan llevando a cabo estas actividades de forma irresponsable afectando la salud de la población, entre los cuales se encuentran mujeres y niños.



Procurador da 72 horas de plazo para el cierre de la Planta RECORD





Oscar Luna, Procurador de los Derechos Humanos.



Gloria Silvia Orellana / Iván Escobar
Redacción Diario Co Latino

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, calificó de “emergencia ambiental” la contaminación por plomo que proviene de la empresa Record, por lo que recomendó su cierre en las próximas 72 horas.

Los habitantes del cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad, recibieron la visita del procurador Luna, quien explicó las medidas cautelares que dictó ante la amenaza de contaminación por plomo en la zona.

El funcionario explicó que los ministros Guillermo Maza, de Salud Pública; José Guerrero, de Medio Ambiente, así como, Darlyn Meza, de Educación, tienen la obligación de recuperar la salud, controlar la contaminación y garantizar a los niños y niñas de la zona su derecho al estudio.

“Con estas medidas cautelares estoy previniendo mayores daños que ha provocado esta fuente de contaminación”, dijo.

Asimismo, recomendó una serie de acciones encaminadas a recuperar el deterioro ambiental, la determinación de la salud de los afectados y a proteger ante todo a infantes y adolescentes.

“Esperamos una respuesta (de los ministerios y empresa Record) a esta resolución a partir de las próximas 72 horas; tomando en cuenta que la contaminación por plomo es susceptible por vía oral, respiratoria y por la piel”, puntualizó.

Diputados indagan sobre contaminación
La intervención de la comisión de Salud y Medio Ambiente se dio tras las denuncias de los habitantes de San Juan Opico, La Libertad, y las publicaciones de una serie de artículos periodísticos que señalaron el envenenamiento por plomo de la planta industrial RECORD.

No obstante, la argumentación de los delegados de la empresa, el tema seguirá en “agenda” de los legisladores quienes esperan la visita del ministro de salud José Guillermo Maza y el Fiscal General Félix Garrid Safie para obtener información sobre el caso.

Carlos Mejía, representante del comité de afectados de las ocho comunidades contaminadas, señaló la permanente violación de sus derechos por la planta industrial. “El fin de semana (pasado) ingresamos otra niña, contaminada con plomo”, añadió.

Mientras, Claudia Evangelina, de El Prado 2, narró que en los últimos días han “sentido” mayores descargas de contaminación en la zona. “¿Quizá es una represalia?”, especuló.

El próximo 12 de septiembre, se tiene prevista una marcha desde San Juan Opico hasta Casa Presidencial, para entregar una carta al presidente Elías Antonio Saca, en la que le piden el cierre de la Planta Industrial en la zona.

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