Jueves, 18 de octubre de 2007
LA COMUNIDAD SANTA MARTA EN CABAÑAS.
UN CLARO CONFLICTO ENTRE LA LEY Y LA JUSTICIA.


La Comunidad Santa Marta, conformada por 618 grupos familiares, es una repoblación de salvadoreñas y salvadoreños, que llegaron de Mesa Grande en octubre de 1987; fue a partir del año 1988-1989 que con la asistencia de diversas iglesias, de cooperación solidaria y aportaciones de la población, se inició la adquisición legal de las tierras en las que se encuentra asentada. No obstante, hay 62 familias radicadas en una porción de terreno, que les fue vendida de fraudulentamente por un falso propietario; eso se llama ESTAFA.

La tierra se negoció con Sigfredo Pleytez, quien dijo ser propietario de los inmuebles en virtud de un título supletorio inscrito a su favor (la Señora Maria Beltrán y Juan José Bonilla expresaron ante los directivos de la comunidad que se harían representar a través el Sr. Pleitez para la realización de la venta del inmueble); le compraron 55 manzanas y el precio pagado fue el equivalente a $ 26,400.00 el inmueble se compró y se inscribió a favor de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Nueva Heroica Santa Marta, de Responsabilidad limitada.

En abril del año 1995 la Cooperativa, adjudico a todas y todos los jefes de familia residentes en los inmuebles, la posesión de las parcelas respectivas.

No obstante, desde 1998 se iniciaron en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque dos juicios civiles de nulidad del título supletorio y de compraventa promovidos por los señores MARIA ELBA BELTRAN BONILLA y JUAN JOSE BONILLA JOVEL, contra el señor Sigfredo Pleytez y contra la Cooperativa, demandando así mismo la entrega material de las tierras.

El resultado ha sido que el juzgado anuló el Título Supletorio a favor de Sigfrido.Pleytez y también la compraventa a favor de la Cooperativa y ha ordenado la entrega de los inmuebles por vía del lanzamiento forzoso de las familias que habitan en ellos; SE HA ORDENADO LANZAR A LAS 62 FAMILIAS; el caso ya pasó a Segunda Instancia y Casación en la Corte Suprema de Justicia, donde también el resultado ha sido desfavorable a la Cooperativa y a la Comunidad Santa Marta.

En estas circunstancias en diciembre anterior, se presentó un Amparo a la Corte Suprema de Justicia, buscando que en esa instancia se valorara que quienes habitan en la comunidad son poseedores regulares y de buena fe de los inmuebles ahora en litigio. El resultado final ha sido, que se condena a las y los compradores de buena fe y el vendedor de mala fe, se ríe de “su hazaña” sin que la justicia tenga el mínimo interés en perseguirlo. Es una persona muy influyente en el departamento.

En Santa Marta cada familia ha invertido esfuerzo y dinero en la configuración de su Comunidad, con la convicción, que no obstante esa aplicación fría e injusta de la ley, la asignación y posesión de la tierra de cada familia, procede no sólo de un “justo título”, si no del ánimo de crear nuevos formas de propiedad, tenencia y explotación de la tierra en aras de la construcción de un sociedad más justa.
En los inmuebles relacionados, se han realizado importantes inversiones para el desarrollo de la comunidad, tanto por el esfuerzo de las y los habitantes de la misma, como con el apoyo de instituciones serias FUNDASAL, REDES, ADES, PNUD y otras, que partiendo de que la propiedad de los inmuebles era legítima han aportado a la construcción de viviendas e infraestructura social, lo que no sólo ha elevado el nivel de vida de los habitantes e incrementado su patrimonio, si no también el valor económico y la plusvalía de la zona, hecho que seguramente motiva a las personas que pretenden la propiedad de los inmuebles, a exigir cantidades elevadas de dinero a la Comunidad para no realizar el desalojo.

En este momento la comunidad SANTA MARTA se encuentra ante la inminencia de un DESALOJO; se han agotado algunas instancias judiciales a nivel interno y todos los resultados han sido adversos; de lo que se trata es del despojar a una comunidad de sus terrenos, pero también de la diversidad de bienes que constituyen el patrimonio de cada una de las familias que ahí habitan, implica la privación del derecho de propiedad que tienen sobre un patrimonio construido a lo largo de 18 años años.

En los terrenos objeto del problema, hay 62 casas de sistema mixto, con agua potable, electricidad, aguas negras y lluvias, frutales permanentes y áreas de cultivos estacionales; son 62 familias a las que se les desalojará. Pero además toda la infraestructura social que es propiedad de la comunidad: casa comunal, unidad de salud, guardería, preparatoria, escuela primaria, tercer ciclo, ballillerato, puesto de policía, comedor comunitario, talleres de aprendizaje, panadería de la asociación de mujeres, canchas deportivas, Iglesias, cementerio, invernadero, área de capacitación, tanques de agua, zona de áreas comunales, áreas verdes, plaza, calles principales, pasajes, accesos, que beneficia además a toda la comunidad Santa Marta; cerca de 618 familias, 3608 personas, que tienen ahí su vida, su presente y el futuro, que ahora, se les plantea muy incierto.

Parte de este patrimonio, está a punto de pasar a manos de la Sra. Beltrán Bonilla y el Sr. Bonilla Jovel. La comunidad Santa Marta se resiste a aceptar esta realidad, que aunque fuese legal, porque es totalmente injusta e ilegítima.

Al vendedor de mala fe, lo tiene denunciado la Cooperativa en la Fiscalía General de la República por el delito de ESTAFA; desde enero hasta la fecha, esa institución no ha dado ninguna respuesta.

Llama la atención porque la Sra. Maria Beltrán y el Sr. Juan José Bonilla Jovel arremeten contra la comunidad y no contra el verdadero estafador, ello nos lleva a pensar que existen intereses políticos orientados a la desestabilización de la comunidad y su modelo de vida por parte de grupos vinculados al gobierno, no hay que olvidar que Santa Marta esta el cinturón de oro que se desea explotar por empresas extranjeras en alianza con capital local.

Lo que sigue, es una lucha por que en este caso se haga JUSTICIA, esa justicia que trasciende lo legal y tiene en cuenta el Derecho de los Derechos Humanos de las personas. No obstante, la Comunidad no puede sola, requiere del apoyo y del acompañamiento de la solidaridad nacional e internacional, para impedir el desalojo, pero también para que el vendedor de mala fe responda frente a la Comunidad.

Visitar La Macana de Sensunteque, para ver la declaración de Santa Marta resultante del Encuentro de comunidades afectadas por los desalojos causados por los mega proyectos que el gobierno esta impulsando:

LA MACANA DE SENSUNTEPEQUE

Tags: El Salvador, Conflicto, Ley, Justicia

Publicado por Vilverin @ 9:32  | Realidades
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