Viernes, 26 de octubre de 2007
24 octubre COMUNICADO DE PRENSA


Di?logo Arzobispo-Gobierno: Caso Monse?or Romero

El Comit? de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Hist?rica, en respaldo a la causa del reconocimiento a la verdad, acceso a la justicia y superaci?n de la impunidad respecto del asesinato de Monse?or Oscar Romero, abre su espacio para que el licenciado David Morales, abogado de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador d? a conocer informaci?n de relevancia p?blica sobre el proceso de di?logo en torno al caso de Monse?or Romero iniciado entre el Se?or Arzobispo de San Salvador y el Gobierno de El Salvador. Asimismo, el Lic. Morales dar? a conocer su posici?n p?blica ante el caso de su despido arbitrario de la Oficina de Tutela Legal.

Presentada a continuaci?n:

Posici?n de David Morales, abogado de Tutela Legal del Arzobispado, respecto del di?logo sostenido entre el Se?or Arzobispo y el Gobierno, en torno al caso de Monse?or Oscar Romero y su despido arbitrario a consecuencia de su posici?n adoptada ante la CIDH.

El pasado 10 de octubre de 2007, comparec? en la ciudad de Washington DC, como parte de la delegaci?n de peticionarios [1] que en etapa de seguimiento de recomendaciones inform? a la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos sobre los incumplimientos del Estado en el caso del magnicidio de Monse?or ?scar Arnulfo Romero.

La audiencia fue programada por la CIDH a petici?n de Tutela Legal y CEJIL, luego que en reuni?n de trabajo del 19 de julio de 2007, el Estado de El Salvador negara su responsabilidad en el magnicidio de Monse?or Romero y rechazara cumplir con las recomendaciones de la Comisi?n, as? como dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada por las instituciones peticionarias. La anterior situaci?n
coloc? al Estado de El Salvador en franca posici?n de desacato ante la autoridad de la CIDH.

Ante el desacato, Tutela Legal y CEJIL solicitaron una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH en 2000 para el caso de Monse?or Romero. La misma se realiz? con fecha 10 de octubre de 2007 y en ella los peticionarios cumplimos nuestro deber ante la familia Romero, la Iglesia Cat?lica y la sociedad salvadore?a, de informar a la Comisi?n sobre los incumplimientos del Estado salvadore?o respecto de sus recomendaciones en el caso de Monse?or Romero.

Pocos d?as antes de la audiencia, el Se?or Canciller de la Rep?blica solicit? al Se?or Arzobispo de San Salvador entablar un di?logo sobre el caso de Monse?or Romero, a lo cual accedi? el Se?or Arzobispo, designando como su representante al Se?or Vicario de Promoci?n Humana, Monse?or Richard Antall.

Estuve presente en dos reuniones previas entre las delegaciones del Se?or Arzobispo y el Se?or Canciller para tratar el tema. En ambas el Estado manifest? su decisi?n de continuar en desacato ante la CIDH, pues fue categ?rico en afirmar que no reconoc?an responsabilidad en el asesinato de Monse?or Romero y su impunidad posterior; tambi?n afirmaron que no estaban dispuestos a procesar a los responsables del crimen y que tampoco anular?an la Ley General de Amnist?a.
Adujeron que si estas exigencias continuaban el Presidente de la Rep?blica estar?a dispuesto a denunciar (renunciar) a la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos.

Pese a estos argumentos inaceptables, Monse?or Antall decidi? continuar con el di?logo con anuencia del Se?or Arzobispo. Por tanto, ambos Monse?ores decidieron seguir dialogando con el Gobierno fuera del marco de las recomendaciones de la CIDH en torno al caso Romero.

En la primera de las reuniones se acord? informar a la Comisi?n que se hab?a iniciado un di?logo y que las partes expresaban buena fe para continuarlo, tambi?n que se tomar?a el tiempo necesario para ello. Nunca se pact? ni se orden? expresamente por los ya mencionados Monse?ores, que Tutela Legal del Arzobispado deber?a guardar silencio ante la CIDH por los incumplimientos del Estado.

Durante la audiencia del 10 de octubre de 2007 inform? a la CIDH, como puede comprobarse en el video p?blico de la audiencia, de los elementos acordados antes dichos. Rechazo, por tanto, la atribuci?n de deslealtad laboral de la cual me acusa p?blicamente el Se?or Arzobispo de San Salvador.

Mi despido como abogado de Tutela Legal del Arzobispado es una represalia contra la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado por haber representado una posici?n institucional hist?rica de dicha oficina, sostenida vehementemente por el propio Monse?or Arturo Rivera Damas y por nuestra hist?rica defensora de los Derechos Humanos, Mar?a Julia Hern?ndez.

Mi silencio ante la Comisi?n Interamericana hubiese significado un acto inaceptable de deslealtad ante la familia Romero, ante la Iglesia Cat?lica, ante el pueblo y ante los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos.

Considero altamente positivo que, en contraste con su posici?n privada de anuencia al desacato estatal, sostenida a trav?s de su representante personal, el Se?or Arzobispo de San Salvador haya manifestado en su ?ltimo comunicado de prensa (21 de octubre de 2007), que su di?logo con el Gobierno abordar? el conjunto de las tres recomendaciones dictadas por la CIDH en el caso de Monse?or Romero, lo cual incluye el procesamiento de los responsables y la anulaci?n de la Ley de Amnist?a General.

Los antecedentes obligan al pueblo salvadore?o, a la Iglesia Cat?lica y a la comunidad internacional, sin embargo, a exigir al Se?or Arzobispo y al Se?or Canciller de la Rep?blica, un nivel grande de transparencia en las conversaciones.
Ello deber?a suponer la exigencia al Estado de una declaratoria p?blica de responsabilidad y de anuencia a dialogar sobre las tres recomendaciones como requisito para la continuaci?n del di?logo. Tambi?n la informaci?n p?blica sobre los avances de las conversaciones y la solicitud de participaci?n de la CIDH como garante del proceso.

Un signo altamente significativo de transparencia, ser?a el pronunciamiento p?blico de respaldo que el Se?or Arzobispo podr?a ofrecer al trabajo de defensa de la verdad y acceso a la justicia en el caso de Monse?or Romero que ha desempe?ado hasta hoy la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado.


David Morales 24 de octubre de 2007.





[1] Las organizaciones peticionarias son la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).





Di?logo Arzobispo-Gobierno: Caso de Monse?or Romero.


"?Ay de ustedes, que transforman las leyes
en algo tan amargo como el ajenjo y tiran por el suelo la justicia!
Ustedes odian al que defiende lo justo en el tribunal
y aborrecen al que dice la verdad"
Am?s 5, 10.


Soy David Morales, hasta ayer abogado de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Dios me concedi? el privilegio de trabajar para esta Oficina durante los a?os finales de la guerra y los iniciales de la paz, atendiendo a las v?ctimas sobrevivientes de los exterminios humanos provocados por el ej?rcito del Gobierno.


Los ?ltimos dos a?os acompa?? a la Dra. Mar?a Julia Hern?ndez en su lucha contra la impunidad en el caso de la masacre de El Mozote y la asist? para dar seguimiento al proceso internacional en el caso de Monse?or ?scar Arnulfo Romero, seguido ante la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

El pasado 10 de octubre de 2007, comparec? en la ciudad de Washington DC, como parte de la delegaci?n de peticionarios [1] que en etapa de seguimiento de recomendaciones, inform? a la citada Comisi?n sobre los incumplimientos del Estado en el caso del magnicidio de Monse?or Oscar Arnulfo Romero.

La audiencia fue programada por la CIDH a petici?n de Tutela Legal y CEJIL, luego que en reuni?n de trabajo del 19 de julio de 2007, el Estado de El Salvador negara su responsabilidad en el magnicidio de Monse?or Romero y rechazara cumplir con las recomendaciones de la Comisi?n, as? como dialogar sobre una propuesta de reparaciones presentada por las instituciones peticionarias.

Los antecedentes del caso se remontan a 1993, cuando nuestro bien recordado Monse?or Arturo Rivera Damas, luego de la aplicaci?n de la Ley de Amnist?a General al caso Romero, impuls? una denuncia ante la Comisi?n Interamericana, mediante el trabajo denodado de nuestra hist?rica defensora Mar?a Julia Hern?ndez, en acompa?amiento de la familia Romero.

En 2000, la CIDH concluy? que Monse?or Romero fue ejecutado bajo las ?rdenes del l?der de los escuadrones de la muerte Roberto d'Aubuisson, ex Mayor de la Fuerza Armada. La Comisi?n recomend? la investigaci?n plena del crimen, el procesamiento de los responsables, la reparaci?n de los da?os y la anulaci?n de la Ley de Amnist?a General, aplicada al caso Romero con fines de impunidad.

La CIDH estableci? la responsabilidad del Estado en la muerte de Monse?or, dado que el escuadr?n de la muerte responsable actu? bajo amparo del Gobierno y le responsabiliz? igualmente por las injustificables omisiones de investigaci?n y graves irregularidades en el juicio penal, las cuales se consumaron en orden a favorecer a los magnicidas.

Hasta la fecha de hoy, el Estado se ha negado a cumplir con las recomendaciones de la CIDH, a pesar de su obligatoriedad. En 2005, Tutela Legal y CEJIL demostraron el incumplimiento y propusieron al Estado escuchar una propuesta de reparaciones.

La propuesta de Tutela Legal presentada por la Dra. Mar?a Julia Hern?ndez, como se expondr?, presupon?a di?logos futuros s?lo en el marco del reconocimiento de la responsabilidad estatal y se limitaba a reparaciones morales de orden simb?lico.

Tutela Legal rechaz? la posibilidad de negociar reparaciones materiales, en vista de los antecedentes del Estado de El Salvador de agredir a las v?ctimas, sobornar testigos, ofrecer dinero a familiares e, incluso, fabricar fraudes procesales en orden a encubrir sus responsabilidades. [2]

Al rechazar el Estado de El Salvador la propuesta de reparaciones, desconociendo el informe de la Comisi?n y afirmando que el crimen no ser?a investigado ni anulada la amnist?a, dicho Estado abiertamente incurri? en una situaci?n de desacato a la autoridad de la CIDH, la cual representa a la comunidad de Estados del continente.

Ante el desacato, Tutela Legal y CEJIL solicitaron una audiencia de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la CIDH en 2000 para el caso de Monse?or Romero. La misma se program?, como se ha citado, para el d?a 10 de octubre de 2007.

Pocos d?as antes de la audiencia, el Se?or Canciller de la Rep?blica solicit? al Se?or Arzobispo de San Salvador entablar un di?logo sobre el caso de Monse?or Romero, a lo cual accedi? el Arzobispo, designando como su representante al Se?or Vicario de Promoci?n Humana, Monse?or Richard Antall. La decisi?n de realizar el di?logo y las caracter?sticas del mismo fueron decididas por ambos Monse?ores, sin
escuchar previamente la opini?n de Tutela Legal y CEJIL al respecto.

Dos reuniones de di?logo tuvieron lugar entre la delegaci?n del Arzobispo y la del Gobierno antes de la audiencia del 10 de Octubre de 2007. En ambas la delegaci?n del Gobierno reiter? su p?blica posici?n de desacatar las recomendaciones de la CIDH, ante la anuencia del Se?or Vicario de Promoci?n Humana, quien pese a ello decidi? continuar con las conversaciones, evidentemente contando con la aprobaci?n
del Se?or Arzobispo de San Salvador.

Tutela Legal del Arzobispado expres? observaciones de orden t?cnico jur?dico que alud?an a la impertinencia de la posici?n del Estado respecto del marco del cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, tanto en una conversaci?n privada con el Se?or Vicario de Promoci?n Humana, como en diversas intervenciones durante las dos reuniones de di?logo. Tales observaciones fueron totalmente deso?das, a juzgar por los acontecimientos posteriores.

Pese a que en ambas reuniones de "di?logo" el Estado propuso que ambas partes omitiesen proporcionar informaci?n a la Comisi?n Interamericana sobre la situaci?n del incumplimiento de recomendaciones, el Se?or Vicario de Promoci?n Humana no realiz? una afirmaci?n categ?rica al respecto que pudiese tenerse como una especie de "pacto de silencio". Tampoco gir? ?rdenes expl?citas a Tutela Legal en ese sentido. S? qued? establecido, en la primera reuni?n, que deb?a informarse a la
CIDH del inicio del di?logo.

En consecuencia, representando la posici?n institucional de Tutela Legal del Arzobispado, durante la audiencia del 10 de octubre de 2007, cumpl? con mi deber de informar a la CIDH de los incumplimientos del Estado salvadore?o en el caso del magnicidio de nuestro pastor m?rtir, Monse?or ?scar Romero y tambi?n di cuenta a la Comisi?n del di?logo iniciado.

Durante la audiencia, el Estado no present? prueba alguna relacionada a eventuales cumplimientos de las recomendaciones, quedando en evidencia su posici?n de desacato, pues reiteraron su negativa a reconocer su responsabilidad en los hechos establecida por la CIDH.

Tras el resultado desfavorable del Estado en el proceso internacional, el Se?or Arzobispo de San Salvador, Monse?or Fernando S?enz, orden? mi despido inmediato como abogado de Tutela Legal del Arzobispado. Tambi?n ha impuesto medidas tendientes a impedir que Tutela Legal se pronuncie libremente sobre la situaci?n del proceso internacional en el caso de Monse?or Oscar Arnulfo Romero.

Es notorio que esta situaci?n carece de antecedentes en la historia de Tutela Legal y ha tenido lugar precisamente despu?s de la muerte de nuestra Directora hist?rica, Mar?a Julia Hern?ndez.

El Se?or Arzobispo ha decidido continuar el di?logo con el Gobierno, declarando p?blicamente su convicci?n sobre la buena fe del Estado en el presente caso en un comunicado inicial, en el cual pretendi? deslegitimar la posici?n de Tutela Legal del Arzobispado durante la audiencia p?blica ante la CIDH, lamentando que la posici?n del Arzobispado "no fue trasladada adecuadamente" a dicha instancia
internacional [3].

En un segundo momento, el Se?or Arzobispo ha dado un giro a su discurso, aludiendo que las conversaciones con el Gobierno han estado referidas al cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH (es decir, juzgamiento de los responsables, anulaci?n de la Amnist?a General y reparaciones) [4].

En vista que las declaraciones del Se?or Arzobispo de San Salvador en gran medida han ocultado parte de lo acontecido, tanto respecto del di?logo con el Gobierno como de mi despido como abogado de Tutela Legal del Arzobispado, me veo en la obligaci?n ?tica de realizar p?blicamente las siguientes aclaraciones y reflexiones:


La responsabilidad y el desacato del Estado



El aspecto de fondo (y el primero que debe abordarse en cualquier di?logo sobre el tema), es el desacato del Estado salvadore?o a la autoridad internacional de la CIDH, emanada de los art?culos 33, 50 y 51 de la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos.

Como lo afirm? en la audiencia del 10 de octubre el Se?or Comisionado V?ctor Abramovich al Estado, tal autoridad determina que las recomendaciones de la Comisi?n sean vinculantes (obligatorias) para el Estado.

El Estado durante 7 a?os de proceso internacional se neg? a una soluci?n amistosa. Ahora puede dialogar ?y debe- pero su responsabilidad establecida internacionalmente por la muerte de Monse?or Romero e impunidad posterior y su obligaci?n de adecuar su derecho interno a la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos, derogando la Ley de Amnist?a General de 1993, no est? en discusi?n, mucho menos en "negociaci?n".

Despu?s de 7 a?os de dictadas las recomendaciones de la CIDH, el punto de partida de cualquier di?logo respetuoso de la vida y martirio de Monse?or Romero y apegado al derecho internacional de los derechos humanos, presupone poner fin a la condici?n de desacato estatal, a trav?s del reconocimiento de su responsabilidad en el magnicidio.


La propuesta de Tutela Legal del Arzobispado y CEJIL



El texto y esp?ritu de la propuesta de reparaciones presentadas ante la CIDH para promover una respuesta del Estado exig?a como requisito sine qua non la aceptaci?n de responsabilidad por parte del Estado.

De hecho, la primera y m?s importante medida de reparaci?n propuesta era el reconocimiento estatal de su responsabilidad, expresado ?ste en un pedido de perd?n a la familia Romero, al pueblo y a la Iglesia Cat?lica por el agravio, incluyendo un pedido de disculpas expl?cito por la decisi?n estatal de erigir una plaza p?blica en honor del ex Mayor Roberto d'Aubuisson. [5]

Nunca soslayamos la intr?nseca complementariedad del derecho de las reparaciones a los derechos de verdad y justicia, proclam?ndolo expresamente en el documento de propuesta y decidimos posponer cualquier exigencia de reparaciones materiales (indemnizaciones u otros) hasta que el Estado diera avances serios y efectivos en la investigaci?n del crimen.

Esto ?ltimo sencillamente porque la obligaci?n de justicia y verdad ante el asesinato de Monse?or Romero no tiene precio. Pero tambi?n porque un Estado infractor y en desacato de sus obligaciones b?sicas como el salvadore?o, es susceptible de pretender cerrar con dinero, un caso que le acarrea tan graves consecuencias internacionales.

El esp?ritu de la propuesta de Tutela Legal ? CEJIL tampoco fue el de impulsar di?logos "secretos", "reservados" o "silenciosos" ante los o?dos del pueblo.
Nuestra pretensi?n fue la de dialogar abiertamente ante la intermediaci?n directa de la CIDH, como lo demostr? nuestro esfuerzo por realizar la reuni?n de trabajo que finalmente se concret? el 19 de julio de 2007 y en la que, como ya se dijo, el Estado confirm? su desacato a la autoridad de la Comisi?n desconociendo su informe de 2000.


El di?logo Arzobispo-Gobierno antes de la audiencia del 10 de octubre de 2007.



La primera deficiencia entre el di?logo aceptado por el Se?or Arzobispo, a propuesta del Se?or Canciller [6], es que el mismo fue decidido por aqu?l sin tomar en cuenta la condici?n de desacato ante la CIDH por parte del Estado salvadore?o y, por ende, sin exigir a su interlocutor un posicionamiento formal al respecto. El di?logo se decidi?, adem?s, al margen de los peticionarios (Tutela Legal y CEJIL).

Otro elemento de importancia es que las reuniones de di?logo fueron promovidas apresuradamente pocos d?as antes de la audiencia, llev?ndose a cabo ?nicamente dos encuentros antes de la misma. El primero de ellos se produjo el 4 de octubre y la segunda el 7 del mismo mes, apenas horas antes de mi salida del pa?s para comparecer a la audiencia.

Antes de promover estos encuentros, el Estado salvadore?o intent? infructuosamente que la CIDH suspendiese la audiencia sobre el caso de Monse?or Romero, al grado de informar oficialmente que no asistir? a la audiencia. Al parecer, despu?s de estos fallidos esfuerzos, se empe?aron en buscar acuerdos con el Se?or Arzobispo, al menos en ese orden nos enteramos en Tutela Legal de tales acontecimientos.

A trav?s de Monse?or Antall se requiri? la presencia de abogados de Tutela Legal en las reuniones de este "di?logo", recayendo la responsabilidad en el Lic. Ovidio Mauricio, Director de la Oficina, quien me integr? al equipo como abogado responsable del caso. Por tal raz?n, soy testigo de las caracter?sticas de estos dos encuentros.

Desde el inicio el Estado dej? en claro los l?mites del di?logo: no estaban dispuestos a modificar su posici?n de desacato ante la autoridad de la CIDH. Me consta de vistas y o?das.

Tajantemente los representantes del Estado expresaron que no promover?an la derogaci?n de la Ley de Amnist?a de 1993, ni tampoco el procesamiento de los responsables en el caso. El Doctor M?ndez Flores calific? de "extremista" la propuesta de reparaciones simb?licas presentada por Tutela Legal y CEJIL y anunci? que el Presidente de la Rep?blica ante este tipo de exigencias, estar?a dispuesto incluso a denunciar (renunciar) a la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos
(esto se asegur? en ambas reuniones). Contradictoriamente, el Gobierno dec?a tener inter?s en un acuerdo inmediato, "total" e "integral" con la Iglesia Cat?lica.

Los o las representantes de cualquiera de las organizaciones de derechos humanos para las que he trabajado y conozco, hubiesen desestimado en principio la continuidad de un di?logo con tales condicionamientos. Por el contrario, Monse?or Richard Antall fue completamente indiferente ante los mismos y comunic? que el Se?or Arzobispo tambi?n consideraba "extremistas" algunas de las propuestas de Tutela Legal y CEJIL y, por ende, "exist?a espacio para dialogar".

Tutela Legal del Arzobispado present? objeciones t?cnicas, especialmente dirigidas a afirmar que bajo tales caracter?sticas el di?logo no se enmarcaba en el cumplimiento global de las recomendaciones de la CIDH; adem?s, que resultaba una contradicci?n de fondo hablar de "reparaciones" sin reconocimiento de responsabilidad estatal [7]. A juzgar por los acontecimientos posteriores, las objeciones de Tutela Legal fueron totalmente deso?das por los Se?ores Arzobispo y Vicario de Promoci?n Humana.

Por tanto, debo denunciar que el Se?or Vicario de Promoci?n Humana (y por ende el Se?or Arzobispo de San Salvador), continuaron con el di?logo a sabiendas que el mismo se realizaba fuera del ?mbito de las recomendaciones de la CIDH y que el Estado no estaba dispuesto a superar su condici?n de desacato.

La persistencia de un di?logo en estas circunstancias s?lo puede conducir a la legitimaci?n pol?tica, por el m?s alto representante del clero de la Arquidi?cesis, a favor de un Estado infractor de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Como sostendr? m?s adelante, el ?ltimo pronunciamiento p?blico del Se?or Arzobispo supone un giro positivo respecto de la posici?n "privada" sostenida en las dos reuniones iniciales a trav?s de su representante personal; no obstante, dados los antecedentes, su comunicado p?blico no es garant?a suficiente y debe ser acompa?ado de acciones claras de transparencia futura.


La audiencia y mi despido arbitrario.


Los pormenores de la audiencia son conocidos planetariamente a trav?s de la difusi?n de la misma en el sitio web de la CIDH, por lo que no es necesario ahondar en detalles.

Me limitar? a decir que en la audiencia del 10 de Octubre de 2007, los
peticionarios cumplimos nuestro deber ante la familia Romero, la Iglesia Cat?lica y la sociedad salvadore?a, de informar a la Comisi?n sobre los incumplimientos del Estado salvadore?o respecto de sus recomendaciones en el caso de Monse?or Romero.

Ya refer? que, pese a la abierta propuesta del Estado, en el sentido de guardar silencio ante la CIDH sobre los incumplimientos (de claro inter?s pol?tico, pero carente de sustento jur?dico), Monse?or Richard Antall, aunque demostr? anuencia, no explicit? claramente tal decisi?n, ni gir? instrucciones a Tutela Legal para que omitiese, durante la audiencia, referirse a los incumplimientos.

El hoy muy conocido p?rrafo de la ayuda memoria que Monse?or S?enz public? y ha citado como "prueba" de mi supuesta "deslealtad" o "infidelidad laboral", alude a un compromiso que tiene los siguientes componentes:

i) se informar? a la CIDH del acercamiento;


ii) se referir? la declaraci?n de buena voluntad de las partes para
dialogar;


y iii) se tomar? el tiempo necesario para ello.

Invito a escuchar o a leer la trascripci?n de mi intervenci?n ante la CIDH del 10 de octubre de 2007 y comprobar?n f?cilmente que cumpl? con el compromiso de referir los tres elementos acordados, con la salvedad que no alud? a la buena fe del Gobierno, pues sobrada prueba p?blica existe que no ha existido tal en el presente caso y correspond?a a aqu?l, por tanto, manifestarla.

Aclaro, adem?s, que en ning?n punto de esa ayuda memoria "se pact?" que se omitir?a dar informe a la Comisi?n Interamericana de los incumplimientos del Estado salvadore?o en el caso Romero y que, al finalizar la reuni?n del 7 de octubre en la casa del propio Se?or Arzobispo, aclar? esta situaci?n sin recibir respuesta alguna de los participantes.

Ahora entiendo que la "lealtad" esperada por el Se?or Arzobispo de San Salvador, significaba mi silencio ante la Comisi?n respecto del desacato del Estado. Pero tal silencio se hubiese convertido autom?ticamente en mi m?s grande acto de deslealtad a la verdad, a los principios del derecho internacional de los derechos humanos y al legado humanista de Monse?or Arturo Rivera Damas y Mar?a Julia Hern?ndez, expresado y simbolizado en los resultados del proceso internacional que la CIDH sigue en el caso de Monse?or Romero, como en muchas otras obras insignes que ambos construyeron.

Mi despido arbitrario constituye una represalia contra Tutela Legal del Arzobispado, cuya posici?n institucional hist?rica sostuve en la audiencia de Washington. He sido leal y fiel a las personas y a la causa respecto de las cuales deb?a serlo.



Desaf?os ante el di?logo despu?s de la audiencia del 10 de octubre.


Medit? largamente la circunstancia de referirme tan directamente a las actuaciones y omisiones de los Monse?ores S?enz y Richard Antall en el presente escrito; sobre lo cual recib? consejos de cautela por personas a quienes guardo profundo respeto y estima.

Decid? mencionarlos, sin embargo, a causa de mi convicci?n acerca de que su desempe?o en las circunstancias aqu? aludidas, no representa el sentir un?nime de la Iglesia Cat?lica de El Salvador, ni del pueblo de Dios. Ni siquiera de toda la jerarqu?a eclesial de la Arquidi?cesis.

Por grande que fuere el poder terrenal que lleguemos a acumular, la
responsabilidad de nuestros actos es individual y no puede atribuirse al actuar abstracto de las instituciones.

Estimo altamente positiva la reciente declaratoria p?blica del Se?or Arzobispo, en el sentido que el "di?logo" estar? referido al ?mbito del cumplimiento de las tres recomendaciones de la CIDH dictadas en su informe del a?o 2000. Es un rumbo que muchos estar?amos dispuestos a seguir y acompa?ar.

No obstante, dados los antecedentes que he testimoniado en este documento, considero que la salvaguarda de la verdad y la justicia en futuros di?logos entre la Arquidi?cesis y el Gobierno, en torno al caso de Monse?or Romero, deben tener en cuenta diversos presupuestos.

El primero que debe exigirse es el pronunciamiento p?blico del Estado respecto de la aceptaci?n o no de su responsabilidad en el homicidio de Monse?or Romero y en la impunidad del crimen. Tambi?n debe confirmarse la aceptaci?n p?blica del Estado acerca de impulsar el di?logo en el marco de las tres recomendaciones, pues tal
escenario ha sido ?nicamente publicitado por el Se?or Arzobispo hasta hoy. De ambas cosas depende la legitimidad de las conversaciones.

Como sabiamente lo sostuvo la Dra. Mar?a Julia Hern?ndez, la buena fe del Estado deber?a manifestarse inicialmente en reparaciones simb?licas, la primera de ellas el pedido de perd?n estatal por el crimen y el cese de los homenajes estatales a los responsables del magnicidio.

Si se quisieran promover reparaciones materiales, ?stas deber?an ir acompa?adas o antecedidas de claros y serios avances estatales respecto de la reapertura penal de caso de Monse?or Romero y procesamiento de los responsables.

La derogaci?n de la Ley de Amnist?a y su eventual sustituci?n por otra ley que se adecu? al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, deber?a ser objeto de un foro representativo de todos los sectores nacionales y no restringirse a discusiones en el exclusivo ?mbito pol?tico ? parlamentario.

Es importante que los di?logos entre el Se?or Arzobispo y el Gobierno sean totalmente transparentes, si es posible mediante sesiones p?blicas o mediante la publicidad de las ayudas memoria o los acuerdos tomados en cada sesi?n. De particular relevancia ser?a que ambas partes solicitaran a la CIDH su participaci?n para mediar en las conversaciones y fungir como garantes de las rondas de conversaciones.

Finalmente, considero de trascendencia que el Se?or Arzobispo garantice p?blicamente el normal desarrollo de las actividades de Tutela Legal en torno al caso de Monse?or Romero y que le proporcione el espacio necesario para que dicha Oficina emita un pronunciamiento oficial sobre la situaci?n del proceso internacional luego de la audiencia del 10 de Octubre de 2007.


Reflexi?n final.



Desde mi humilde posici?n de laico, ciudadano y abogado, deseo expresar mi voluntad de seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos, especialmente en pro de las v?ctimas de los cr?menes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado.

Hubiese querido aportar, mucho m?s de lo que pude, a la causa de Tutela Legal del Arzobispado, oficina de la cual espero tendr? la oportunidad de mantenerse inc?lume a sus principios y seguir aportando como hasta hoy a la causa de las v?ctimas de las violaciones a los derechos humanos. Agradezco a mis compa?eros y compa?eras de Tutela Legal el fortalecimiento de su compromiso ?tico en las presentes circunstancias, fieles al legado hist?rico de Monse?or Rivera y Mar?a
Julia.

Debo agradecer a Dios por estos acontecimientos, los cuales me han llevado a una experiencia interior in?dita en torno a la bondad y el amor profundo de Monse?or Romero para nuestro pueblo, as? como de su resurrecci?n en la causa de los pobres y las v?ctimas.

Recordemos esa hermosa frase que escuch? de labios de Monse?or Arturo Rivera: los caminos de Dios, a veces, resultan inexplicables a los ojos de los hombres.

David Morales
24 de octubre de 2007.





[1] Las organizaciones peticionarias son la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).


[2] Un ejemplo de esta situaci?n fueron los esfuerzos estatales de impulsar un fraude procesal en el caso de la desaparici?n forzada de las ni?as Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, cuando el Estado enfrentaba un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. V?ase PDDH: Caso Ernestina y Erlinda Serrano Cruz; Memoria Hist?rica, Colecci?n de Informes, Vol. I, p?gs. 308-315.


[3] Comunicado de prensa de fecha 11 de octubre de 2007.


[4] Comunicado de prensa de fecha 21 de octubre de 2007.


[5] Propuesta de reparaciones suscrita por Tutela Legal y CEJIL, de fecha 6 de septiembre de 2006, II.B.1


[6] R?plica del Estado de El Salvador, audiencia ante CIDH del 10 de Octubre de 2007.


[7] En el derecho internacional, la obligaci?n de reparar es la consecuencia necesaria de un hecho il?cito imputable al Estado, que compromete su responsabilidad internacional. V?ase Fa?ndez Ledesma, H?ctor; El Sistema Interamericano de Protecci?n de los Derechos Humanos; tercera edici?n; 2004; p?g. 800.


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Publicado por Damicela
Mi?rcoles, 24 de marzo de 2010 | 23:26
Yo no entiendo que es lo que esta mal para que nombren a Monse?or Romero Santo? sera que los parametros de el vaticano para declarar un milagro estan mal, si es asi yo pienso que los deberian de cambiar porque milagro no es solo un aparecimiento divino o una curacion de una enfermedad grave por a?os sino tambien milagro deberia ser unir a todo un pueblo para darles a conocer muchas verdades ser la vos de los sin vos a estos le llamaria yo tambien milagros perooooo...o... son los requisitos a cumplir para ser santo... o talves sea el tiempo que lleva estos procesos o posiblemente el vaticano no quiera reconocerlo como se debe a monse?or Romero debido a que desde el momento que lo nombren santo se dira oficialmente que todo lo que el dijo sera verdad indiscutile sera por eso?? ......no se aflijan a el pueblo monse?or les hizo saber la verdad, como Dagoberto dice la gente es inteligente, no se?ores del vaticano no se preocupen monse?or ya es santo para todos:"San Romero de America"
Publicado por Damicela
Mi?rcoles, 24 de marzo de 2010 | 23:26
Yo no entiendo que es lo que esta mal para que nombren a Monse?or Romero Santo? sera que los parametros de el vaticano para declarar un milagro estan mal, si es asi yo pienso que los deberian de cambiar porque milagro no es solo un aparecimiento divino o una curacion de una enfermedad grave por a?os sino tambien milagro deberia ser unir a todo un pueblo para darles a conocer muchas verdades ser la vos de los sin vos a estos le llamaria yo tambien milagros perooooo...o... son los requisitos a cumplir para ser santo... o talves sea el tiempo que lleva estos procesos o posiblemente el vaticano no quiera reconocerlo como se debe a monse?or Romero debido a que desde el momento que lo nombren santo se dira oficialmente que todo lo que el dijo sera verdad indiscutile sera por eso?? ......no se aflijan a el pueblo monse?or les hizo saber la verdad, como Dagoberto dice la gente es inteligente, no se?ores del vaticano no se preocupen monse?or ya es santo para todos:"San Romero de America"