SAN SALVADOR - Recientemente se conoció que el Partido de Conciliación Nacional (PCN) presentó en el parlamento un anteproyecto de reformas a la Ley de Minería. Expertos en el tema consideran que Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el gobierno salvadoreño han sido los responsables en la elaboración del anteproyecto y que el PCN ha sido únicamente un “pasa papeles” en el legislativo.

Las reacciones no demoraron: el martes 4 de diciembre de 2007 se realizó un foro que prevenía sobre los peligros de la actividad minera. Dicho foro contó con la participación del diputado hondureño, Tomás Andino, del Partido Unificación Democrática; David Pereira, de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y además con la intervención de la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Lourdes Palacios, quien expuso la posición de su partido político.

Los expertos advierten que la exploración minera para llevar a cabo su cometido, necesita espacio de movilización, eso supone que un terreno habitado donde se sospeche que exista oro y plata, tendrá que ser desalojado para efectuar la investigación, lo que empuja a familias a emigrar sin omitir la contaminación del agua y daños irreparables a la biodiversidad. David Pereira enfatiza estas consecuencias: “la minería metálica impacta en los mantos acuíferos aquí y en cualquier parte del planeta por el alto consumo de agua que al final termina envenenándola”.

“Somos críticos del gobierno porque ellos no informan lo negativo que es la minería. Tienen la obligación de hacerlo tal y como lo dice la Ley de Medio Ambiente en su artículo número nueve”. Al referirse al anteproyecto de ley presentado por del diputado Orlando Arévalo del PCN, Pereira es categórico al decir que “ningún anteproyecto debe aprobarse a la ligera. Primero debe ser sometido con toda la población y las comunidades involucradas”.

Para la diputada y miembro de la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales del FMLN, Lourdes Palacios, encuentra una paradoja en el PCN y el gobierno, pues el día 7 de diciembre de 2006, la Mesa Nacional contra la Minería Metálica presentó un anteproyecto de ley, la cual se encuentra en la Comisión de Economía sin haber sido leída hasta el momento. “El gobierno hace dos semanas presentó a través del PCN la propuesta de Ley de Minería y ahora sí es urgente aprobarla. El PCN, ARENA y el gobierno, deben de explicar cuál es la urgencia de aprobar este anteproyecto”.

“Fue un descaro del PCN el no borrar del anteproyecto el nombre del gobierno y del partido ARENA. El PCN sólo ha sido un “pasa papeles”, argumentó la funcionaria. Para la diputa, la novedad del anteproyecto es acelerar los permisos para las empresas mineras en el país. “El documento no habla de la gran cantidad de cianuro que irá a parar a los mantos acuíferos. Nos preocupa la cuenca del río Lempa y del daño irreparable que le harán. No toman en cuenta al 70% de la población que vivimos por influencia de ese río”.

Tanto la diputada como David Pereira, hablan de la compra de voluntades que empresas mineras hacen en el departamento de Cabañas en lugares como San Isidro, Ilobasco, Sensunteque, “los alcaldes parecen promotores de la empresa Pacific Rim, los acompañan y le dan regalitos a la gente como patrocinando fiestas patronales, útiles escolares, uniformes a los equipos de fútbol, aprovechándose de la necesidad de la gente”

En efecto. Un rotativo de gran circulación en El Salvador, resaltaba el siguiente título: “Llevan salud a unos 400 niños en zona rural”. Los lugares donde dicho beneficio fue llevado, fueron a las comunidades de Los Jobos y San Francisco en el departamento de Cabañas bajo la conducción de la empresa minera Pacific Rim. Quienes se oponen a la minería, ven irresponsable que el gobierno salvadoreño no asuma este compromiso social y que sean empresas privadas con intenciones no esclarecidas quienes realicen estos socorros a la población.

Pacific Rim, desde hace más de una década, tiene puesto los ojos en la mina El Dorado, ubicada en Sensuntepeque, Cabañas. Los yacimientos de oro y plata que ahí se encuentran representan millones de dólares para Pacific Rim, pero poca retribución para el Estado. El Ministerio de Hacienda es claro al señalar que la industria minera es exigua en aporte tributario.

ContraPunto, logró saber de una familia afectada por la empresa Pacific Rim, la cual entabló una demanda y el caso lo perdió Pacific Rim. Quisimos hablar con la familia, sin embargo, no logró obtenerse las declaraciones de la querella.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), también presentó un proyecto para reformar la Ley de Minería, según la ministra de Gavidia. Ligia Guevara, miembro de FESPAD respaldó las declaraciones de la funcionaria y comentó el espíritu del anteproyecto que ellos presentaron, el cual busca poner un alto a la minería metálica y regular la minería no metálica.

Proponen, según Guevara, la participación de los pobladores donde las empresas mineras ostentan hacer sus negocios. Agrega que ven una contradicción en los partidos que quieren se apruebe la explotación minera, cuando la ministra de Economía ha sido clara en no dar concesiones a proyectos mineros sin antes haber analizado el impacto negativo de la minería.

La diputada del FMLN, coincide también con las palabras de la representante de FESPAD: “la ministra Yolanda de Gaviria nos ha enviado una carta a la Comisión de Economía, diciendo que no debe discutirse ninguna ley minera sin que antes no hubiera una evaluación ambiental estratégica”.

La ministra de Economía, Yolanda Mayora de Gavidia, no obstante, declaraba a un rotativo impreso, con respecto al anteproyecto presentado por el PCN que “estamos estudiándolo. Creo que sí se va a probar la explotación minera. Tenemos que fortalecer el marco legal y jurídico para llevarlo a cabo”.

Para los ecologistas y organizaciones que se oponen a la explotación minera, son enfáticos al señalar que la minería verde no existe y que es únicamente publicidad. Lo único verde que se obtiene de la explotación minera, dicen los expertos, son los dólares que las empresas y políticos interesados en la minería logran obtener.

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