Martes, 12 de febrero de 2008
Chichicaste. El Salvador
Este día me han llegado varias colaboraciones, entre las que me encuentro este artículo escrito por el Sr. Willian Osmar Chamagua de Radio Cadena Mi Gente. Me disculpo si no he publicado otros interesantes articulos que me han llegado en las anteriores semanas. A pesar de eso siempre habrá tiempo para publicarlas en este espacio. El siguiente artículo detalla algunos de los actos de corrupción hechos durante varios años en El Salvador. Vale la pena leerlo y guardarlo para futuras referencias.

Le agradesco mucho el envio.

Malversación de Fondos del Estado


Por William Osmar Chamagua
Radio Cadena Mi Gente, AM 700
www.radiocadenamigente.net

La corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, o entre corruptos aliados en perjuicio de otros, que beneficia a algunos en sus propósitos particulares, por encima de la ley en el plano político. La corrupción consiste en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común. Es decir, que son totalmente ajenos al bienestar de todo un pueblo.

La corrupción política es “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, y es generalmente usado para “la malversación de fondos”. Entendiendo, por supuesto, que este fenómeno que llamamos corrupción no se limita a los funcionarios públicos. Tambien pueden ser corruptos los líderes religiosos, pastore, sacerdotes, evangelistas, sin importar la denominación, así como tambien líderes de la empresa privada.

La corrupción es un conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos con otras personas, utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un beneficio ajeno al bien común.

Por lo general, se aplica a los gobernantes ó a los funcionarios elegidos ó nombrados por el pueblo, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado para enriquecerse ilícitamente. En el caso de los líderes de la iglesia, éstos, al ser corruptos, se dedican al abuso del dinero de la iglesia que al final es el abuso del dinero tambien del pueblo, para enriquecerse ilícitamente. La corrupción ha tenido raíces antiguas y ha evolucionado para mantenerse vigente a lo largo de muchos años, en gobiernos y países.

Ha sido tan grande el aumento de la corrupción en el mundo que hoy en día existen iniciativas a nivel de organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que promueven actividades para lograr comprometer a los gobiernos a una lucha contra la corrupción.

Las causas pueden ser endógenas, es decir, internas, ó exógenas, es decir, externas. Ahora, nosotros podemos señalar como causas endógenas algunas de ellas, es decir, aquellas causas que tienen que ver con el individuo, con la parte interna de la persona que escoge adorar a este monstruo que llamamos la corrupción.

¿Qué es lo que hace que una persona doble sus rodillas frente a la corrupción? Entre las causas podemos citar la Falta de valores humanistas, la Carencia de una conciencia social, Baja auto estima, Paradigmas distorsionados y negativos (consumistas, materialistas), y además, como bien lo dijo el Apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta en el capítulo 4:2... “por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia“.

Como elementos externos de la corrupción, o sea los que dependen de la sociedad, tenemos: La impunidad de los actos de corrupción. Los modelos sociales que transmiten anti- valores. Un excesivo poder discrecional del funcionario público. La concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno. EL soborno internacional. El control económico o legal sobre los medios de comunicación que impiden se exponga a la luz pública los casos de corrupción. Salarios demasiado bajos. Falta de transparencia en la información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de los procesos de decisión. La poca eficiencia de la administración pública. Y una extrema complejidad del sistema.

Todas estas cosas ó razones nos tienen hundidos a nivel personal, familiar, y a nivel de nación en la miseria. Existe un completo desacato a nuestras leyes, el control que los corruptos tienen sobre los medios de comunicación es tal, que no hay ningún tipo de transparencia en la información concerniente con la utilización que se le dá a los fondos públicos, como tampoco se nos informa con certeza en cuanto al proceso de decición dentro de nuestro propio gobierno.

A continuación comparto con ustedes información del dominio público relacionada con la malversación de fondos del estado, es decir, relacionada con la corrupción a la cual a sido sometido nuestro gobierno en los últimos 18 años, presisamente bajo el mando del actual partido de gobierno.

Malversación en la Federación Nacional de Futbol (FEDEFUT)

En septiembre de 1999, la Corte de Cuentas anunció un faltante de fondos en la FEDEFUT por un monto de 35 millones de colones (unos 4 millones de dólares). El principal implicado era el expresidente de esa institución, Juan Torres.
La Fiscalía emprendió una causa judicial.

Demandó a los ex-directivos de la FEDEFUT por peculado, malversación de fondos, administración fraudulenta, falsedad documental agravada, negociaciones ilícitas, uso de documentos falsos y apropiación indebida. También demandó a dos funcionarios de la Corte de Cuentas por actos arbitrarios. Después de varios años de tratar el caso, el poder judicial exoneró a los implicados y cerró el caso. El Estado perdió el dinero.

Estafa de una institución financiera

En 1997 se detectó una estafa de 100 millones de colones (11.5 millones de dólares) de la empresa Crediclub, por la desviación de los fondos captados hacia actividades nunca esclarecidas. La empresa quebró y en julio de 1999 tomó 1,200 millones del BCR (138 millones de dólares) para
cubrir el agujero financiero, al 1% anual y a 2 años plazo.

En septiembre de 2001, el Juzgado 6o. de Instrucción de San Salvador liberó de responsabilidad penal a 18 personas acusadas de estafa y defraudación a la economía pública. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por medio de la Sala de lo Penal, reiteró el fallo de dos tribunales a favor de los procesados. El plazo de 2 años para pagar el préstamo del BCR expiró en el 2001, pero el BCR no ha recuperado plenamente el dinero público.

Fraude a la economía pública por parte de dos instituciones financieras

El 3 de julio de 1997, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) intervino las sociedades financiera FINSEPRO e INSEPRO. La Fiscalía General de la República determinó que el señor Roberto Mathies Hill y otros miembros de las Juntas Directivas de dichas instituciones habían cometido el delito de defraudación de la economía pública, por un monto que podía llegar a 500 millones de colones (57.5 millones de dólares).

El fraude consistió en que FINSEPRO, institución autorizada por la SSF, remitía a sus clientes
hacia las instalaciones de INSEPRO, no autorizada por la SSF, la cual les prometía intereses más altos y seguridad en sus ahorros. INSEPRO captaba depósitos ilegalmente y daba a cambio cheques pagaderos en otros bancos, muchos de los cuales carecían de respaldo.

El monto final del fraude fue estimando en 1,268 millones de colones. El estado asumió el pago de 700 millones a los ahorrantes (80.5 millones de dólares). El señor Hill tuvo varios años preso. Luego fue absuelto, pero el Estado no recuperó el dinero.

Malversación de recursos de una Financiera

En enero de 1999, los accionistas del Banco de Crédito Inmobiliario (CREDISA), liquidaron la institución tras comprobar pérdidas por más de 72 millones de dólares. CREDISA fue adquirida por varios bancos privados. Pero como estaba quebrada, el BCR le inyecto 1,239 millones de colones (142.5 millones de dólares), mediante una línea de crédito con un interés anual de 1% y por un plazo de pago de 2 años.

Hasta junio de 2007 se había cancelado el 18.9% del capital adeudado, a pesar de que el plazo de pago expiró hace seis años. Es decir nuestro gobierno continúa sin recibir los fondos que fueron dados en condición de préstamo.

Licitaciones amañadas en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)

En los años 1998.-2001, el Ministerio de Obras Públicas realizó adjudicaciones de obras de forma amañada y aumentó los costos de construcción en un 70.8%, en las Carretera Litoral, de Pto. La Libertad hacia Acajutla, la Carretera El portezuelo-Atiquizaya-Las Chinamas-El Jobo y el Puente Cuscatlán. El monto adjudicado fue de 332 millones de colones (38 millones de dólares). Ninguna autoridad fue investigada ni sancionada por el hecho.

Malversación de recursos en el Ministerio de Hacienda

En 1999, la Secretaría Técnica de Financiamiento (SETEFE), adscrita al Ministerio de Hacienda, desvió 10 millones de colones (1.1 millones de dólares), que eran parte de un paquete de ayuda destinada a los afectados por la tormenta “Mitch” y que le fueron entregados a la Asociación de Productores Agrícolas (APROAS), integrada por ex patrulleros que sirvieron a la Fuerza Armada durante el conflicto armado.

El desvío de fondos se hizo con la autorización del ex presidente Armando Calderón Sol, en plena campaña electoral y, según revelaron miembros de APROAS, con la petición expresa a los ex-patrulleros de apoyar al candidato presidencial del partido ARENA en la elecciones de 1999, señor Francisco Flores.

La UCA señaló que “a partir de las revelaciones que varios de los implicados han hecho a los medios de comunicación, una cosa puede darse por cierta: importantes figuras de ARENA hicieron una negociación política con los ex patrulleros, a sabiendas de que eran tales, para lo cual, a cambio de apoyo electoral, utilizaron recursos que no eran del partido.

Y es que, independientemente de si se trataba de fondos propios del Estado o de fondos provenientes de la cooperación internacional, el punto es que esos recursos no eran patrimonio de ARENA, por lo cual no podían ser usados para comprar apoyo electoral.” El caso quedó en la impunidad, pues nadie fue investigado ni sancionado. El dinero quedó encubierto como gasto de la partida secreta de la Presidencia.

Fraude a la economía pública por parte de ONG y de institución pública

En 1999, la ONG progubernamental, PROCADES, desvió 40 millones de colones (4.6 millones de dólares) que una ONG sueca llamada Rada Barnen había aportado para un proyecto de viviendas para familias pobres. El desvío de fondos se hizo con la complicidad de las autoridades del Fondo Nacional para Vivienda Popular (FONAVIPO), que es una institución pública. El dinero se perdió y nadie fue capturado ni juzgado.

Tráfico de influencias y conflictos de intereses en el Ministerio de Economía

En el año 2000, el Ministerio de Economía permitió la importación, libre de aranceles, de desperdicios de pilas y otros insumos para la fabricación de baterías. La decisión la tomó el Ministro Miguel Lacayo, Presidente de la empresa “Baterías de El Salvador”, la única que fabricaba baterías en el país.

El valor de las importaciones fue de 350 millones de colones (40.2 millones de dólares). Tal medida se aprobó sin el aval de la Asamblea Legislativa, que es el Órgano del Estado encargado de “decretar impuestos”. Tal medida, declarada inconstitucional por La Corte Suprema de Justicia, le ocasionó pérdidas de ingresos al fisco, es decir a nuestro estado.

Robo de abono donado por el gobierno de Japón

En el año 2001, los medios de prensa informaron que se habían perdido 11,000 quintales de fertilizantes donados por el gobierno de Japón para los damnificados de los terremotos de ese año. La auditoria Interna del BFA determinó el hecho. El embajador japonés en El Salvador, Saburo Yuzawa, lamentó el robo e instó a la Policía y a la Fiscalía a que identificaran a los responsables.

La Fiscalía determinó que el 23% de la donación había sido trasladada a las bodegas de la Unión de Importadores de Fertilizantes (UNIFERSA), de capital privado y en la que participan accionistas como el ex presidente Alfredo Cristiani y el ex ministro de Hacienda, Ricardo Montenegro. Sin embargo, el hecho quedó impune.

Irregularidades en contrato de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa Nejapa Power

En el año 2000, el Superintendente General de Electricidad y Comunicaciones, Ernesto Lima Mena, señaló que las condiciones del contrato suscrito por la empresa estatal, CEL, con la empresa de capital estadounidense, Nejapa Power, colocaban al Estado en una situación desventajosa, pues para CEL implicaba un costo adicional de 215 millones de colones (24.7 millones de dólares) anuales por un período de 15 años, que era el plazo estipulado en el contrato.

Funcionarios de CEL también dijeron que la venta de las generadoras térmicas de electricidad se hizo en condiciones ventajosas para los compradores, al extremo de que la CEL debe pagar hasta por la energía no producida en las plantas de generación térmica privatizadas. Los gobiernos no hicieron caso de esas denuncias.

Fraude a la economía pública en la Asociación nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)

En el año 2003 se conoció que el presidente de ANDA, Carlos Perla, y otros funcionarios de esa institución, estaban involucrados en un desfalco de 875 millones de colones (100 millones de dólares), por manipulación en las licitaciones y contratos de la empresa autónoma.

Perla huyó hacia Francia, donde fue capturado y devuelto a El Salvador. Actualmente está detenido, pero ya existen pláticas de dejarlo en libertad.

Fraude a la economía pública y lavado de dinero por parte de empresa financiera

El 19 de julio de 2004 se conoció el fraude cometido por los Inversionistas de Operaciones Bursátiles de Centroamérica (OBC), con un monto de 6.3 millones de dólares. La empresa realizó una captación ilegal de fondos y cometió irregularidades en el manejo y administración de las inversiones
.
Un total de 400 personas fueron estafadas. Uno de los socios fundadores de la empresa es Mauricio Sandoval, ex Director de la Policía Nacional Civil durante el gobierno de Francisco Flores. Hasta la fecha el caso se mantiene estancado en el juzgado Séptimo de Instrucción, debido a la fuga de los dos principales implicados.

Adjudicación ilegal de medicamentos por parte del Director del ISSS

En el año 2005, el Director del ISSS, Mariano Pinto, y el Consejo Directivo de esa institución incurrieron en el delito de Negligencia Administrativa, al adjudicar de manera irregular una licitación de medicamentos por 1.4 millones de dólares. El señor Pinto renunció, pero todavía la Corte de Cuentas tiene en sus manos el proceso.

Irregularidades en el Centro Nacional de Registro (CNR)

En el año 2005, la Contraloría General de la República señaló irregularidad en el uso de poco más de 1 millón de dólares de un préstamo de 50 millones del proyecto “Chambita Medidor Fase I”, ejecutado por el CNR, cuando era dirigido por el actual Fiscal General de la República, Félix Garrid Safie. El préstamo se utilizó para contratar a varios funcionarios con altos salarios. También hubo irregularidades con las empresas encargadas del proyecto. La Corte de Cuentas está investigando.

Irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)

En diciembre de 2006 se hizo público un informe de auditoria preliminar de la Corte de Cuentas, en el que se señalan irregularidades en las cuentas del MOP por 40.3 millones de dólares. También se mencionan procedimientos indebidos en licitaciones de caminos rurales y se habla de una falta de supervisión en obras calificadas como de “mala calidad”.

Las irregularidades ocurrieron durante la ejecución del proyecto “Caminos Rurales Sostenibles fase I”, en el año 2004. El ex ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, tiene abierto un proceso en su contra por el caso. Los señalamientos de la Corte de Cuentas también incluyen a la gestión del ministro anterior, José Ángel Quirós.

La Corte también tiene un proceso en juicio por el mismo proyecto de Caminos Rurales, por una auditoria del período que va del 1ro enero y al 31 de diciembre de 2005, donde se establecen 11 irregularidades en el manejo de más de 13 millones de dólares en la construcción de los tramos de las calles Chapeltique-San Francisco Gotera, Santa Elena-Jucuapa, La Cofradía-San Alejo y San Pedro Nonualco-Santa María Ostuma.

Los montos involucrados

Los recursos involucrados en los diferentes actos de corrupción señalados suman 1,206 millones de dólares. Hay otras defraudaciones a la economía pública por montos que el gobierno no ha querido divulgar.

La corrupción privada

Si bien la corrupción pública es grande, la privada es mayor y se expresa en la cuantiosa evasión de impuestos que hacen los grandes empresarios del país, sobre todo de los impuestos Sobre el Valor Agregado (IVA) y Sobre la Renta Neta Imponible (ISR), o sea, sobre la ganancia de los empresarios medianos y grandes, pues la micro y pequeña empresa no es agente de retención fiscal, es decir, ni cobra IVA ni se lo traslada a los precios.

Como la mayoría de esos negocios operan en la informabilidad pueden evadir algo del ISR, pero dado que son mayormente negocios de sobreviviencia (91% en el caso de la pequeña empresa), es muy poco lo que obtienen y evaden de su renta anual.

Evasión del IVA

El ex embajador de Estados Unidos en El Salvador, señor Douglas Barcaly, dijo, en octubre del 2006, que el gobierno salvadoreño solo recaudaba el 61.1% del dinero del IVA, que en ese año sumó 1,308 millones de dólares. El señor Barcaly, defensor del gobierno y de los grandes empresarios salvadoreños, obtuvo la información a través de un estudio realizado por la embajada de Estados Unidos.

Si el señor Barcaly tiene razón, al gobierno le faltó recaudar en el año 2006 el 38.9% del IVA, que sumaría 833 millones. Dicho de otra manera, en el año 2006, los grandes empresarios, que son los agentes de retención fiscal, o sea, los que le cobran el IVA al pueblo, se quedaron con 833 millones de dólares de ese impuesto, dinero que debieron entregarle al gobierno.

El Ministro de Hacienda, William Handal, afirmó que la evasión del IVA es de 600 millones de dólares. La cifra, aunque menor a la ofrecida por Barcaly, es igualmente elevada.

Evasión de la renta empresarial

En el año 2006, el gobierno recaudó 788 millones de ISR, la mitad (394 millones) de renta empresarial. Si tomamos el dato que nos ofrece el señor Barcaly, quien habló de una evasión de 58.7%, el monto no pagado al gobierno sería de 560 millones de dólares.

Esa cifra está subestimada, pues las empresas captan, en forma de ganancia, alrededor del 60% del PIB, que en el año 2006 sumó 18,653 millones. Eso indica que se quedaron con casi 11,200 millones de dólares del PIB. Y de acuerdo a lo que dice la Ley de Impuesto Sobre la Renta, debieron pagar el 25% de esa ganancia. Claro, hay empresas exentas de este impuesto, como las de zonas francas y otras. Pero a todas luces es claro que el pago de la renta debió ser mucho mayor que los 394 que entregaron y los 560 que supuestamente evadieron.

La población trabajadora, a diferencia de los empresarios, no puede evadir el pago de la renta salarial, pues las empresas descuentan dicho impuesto antes de pagar los salarios.

Otros impuestos a las ventas y contrabando

Según el señor Barcaly, los grandes empresarios solo pagan el 36% de otros impuestos a las ventas, como los aranceles, el Fovial, el Fosalud, que en total le dieron al gobierno 374 millones en el año 2006. El 64% restante, que sería la evasión, suma otros 665 millones.

La evasión total

En el año 2006, la evasión de impuestos por parte de los empresarios medianos y grandes fue de 2,058 millones de dólares: 833 millones de IVA, 560 millones de ISR y 665 millones de otros impuestos.

Ahora, qué dice la ley acerca de la evasión de impuestos

En el capítulo V del Código Penal, que trata sobre “Los Delitos Relativos a la Hacienda Pública”, se establece que “son delitos de de Defraudación al Fisco los siguientes”: “Evasión de impuestos y apropiación indebida de Retenciones o Percepciones Tributarias”.

El Código penal establece, en el artículo 249-A, que es evasor de impuestos quien “…omitiere declarar hechos generadores, o declarare costos, gastos, compras o créditos fiscales inexistentes utilizando cualquiera de los medios siguientes:

1) No llevando libros o registros contables, especiales, auxiliares o legales que exigen las leyes tributarias;

2) Llevando doble o múltiple contabilidad o doble o múltiple facturación;

3) Declarando información falsa o inexacta;

4) Excluyendo u omitiendo declarar hechos generadores estando obligado a ello;

5) Destruyendo u ocultando documentos necesarios para la determinación de obligaciones
tributarias;

6) No presentando tres o más declaraciones tributarias, habiendo realizado operaciones gravadas;

7) Declarando costos o gastos, compras, créditos fiscales u otras deducciones, hechos o circunstancias que no han acontecido;

8) Respaldando sus costos, gastos o compras en contratos falsos o inexistentes.

El Código Penal también establece que quien evada impuestos “será sancionado con prisión de cuatro a seis años, cuando el impuesto evadido corresponda al Impuesto sobre la Renta y la suma evadida fuere de trescientos mil a quinientos mil colones; y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excediere de quinientos mil colones.”

El monto en dólares sería de 34,286 dólares y 57,143 dólares, respectivamente, cifras muy inferiores a la que suelen evadir los grandes empresarios.

“Cuando el Impuesto evadido corresponda a impuestos que se declaran mensualmente y el monto evadido en dicho período tributario fuere de cien mil a trescientos mil colones será sancionado con prisión de cuatro a seis años.”

“Si la evasión de los impuestos de carácter mensual excediere de trescientos mil colones en el período tributario, la pena será de seis a ocho años de prisión.”

Aunque evadir impuestos es un delito establecido en el Código Penal, no se conoce de algún gran empresario que haya sido enjuiciado por esa práctica defraudadora de la hacienda pública.

Corrupción y necesidades sociales

El monto de la corrupción pública que hemos calculado durante los gobiernos de ARENA asciende a 1,206 millones de dólares. Si a esa cifra le sumáramos los 2,058 millones de dólares de la corrupción privada (solo del año 2006) tendríamos un monto de 3,264 millones sustraídos al erario público, valor superior a los 2,944 millones del Presupuesto Nacional del año 2007.

Si tomáramos en cuenta la evasión de impuestos de los últimos 18 años, no solo del año 2006, estaríamos ante una cifra impresionante, seguramente mayor a los 25,000 millones. Con ese dinero, el gobierno no tuviera la deuda actual de 7,075 millones de dólares, por cuyo pago gastará este año 745 millones, equivalentes al 25% de sus gastos.

Con los 2,058 millones de evasión de impuestos, el gobierno podría eliminar sus problemas financieros, tener superávit fiscal y cancelar buena parte de su deuda interna y externa, que entre los años 2004 y 2006 creció en 962 millones de dólares (16%), cifra mayor a los 831 millones de dólares de inversión en salud y educación programados en el Presupuesto del año 2007.29

A lo anterior hay que agregar que esos recursos serían mayores cada año, pues el crecimiento de la producción, aunque no sea muy elevado, le proporciona más ingresos al gobierno en concepto de IVA, Renta y otros impuestos.

Con 2,058 millones, el gobierno podría duplicar la inversión en salud (303 millones), en educación (526 millones), en obras públicas, transporte, vivienda y desarrollo urbano (53 millones), en medio ambiente (10 millones) y en agricultura y ganadería (35 millones). Y todavía quedarían 1,131 millones, que podría utilizar para construir 113 mil viviendas anuales de 10,000 dólares cada una, con lo cual en 7 u 8 años se erradicaría el déficit de vivienda, que es de 537,000 unidades.

Con los 2,058 millones de dólares se podrían eliminar, al mismo tiempo y en pocos años, el déficit de vivienda, el analfabetismo y la mortalidad infantil. También se podría elevar el apoyo a la pequeña producción campesina y a las pequeñas y micro empresas, para reactivar la economía y reducir la creciente dependencia de alimentos importados.

Solo con el 12% del monto de la evasión se puede subsidiar la mitad del costo de producción de todo el maíz y frijol que se produce en el país.
Con el 10% de dicho monto se podrían construir muchas empresas públicas que procesen y comercialicen la producción de los pequeños y las pequeñas agricultoras.

Con la mitad de los 2,058 millones se podría triplicar la inversión real del gobierno (en obras y construcciones), es decir, se podría construir muchos caminos rurales y dotar de agua y energía eléctrica a buena parte de la población urbana y rural.

En fin, si el gobierno controlara la evasión de impuestos, podría desarrollar un amplio programa social, con énfasis en los sectores más excluidos: la niñez, las mujeres, la pequeña producción campesina y la pequeña y microempresa. De esa manera se avanzaría rápidamente en el cumplimiento de los objetivos del milenio, sobre todo en lo concerniente a la reducción de la pobreza y la promoción de la igualdad entre los sexos.

¿Qué hacer?

Las organizaciones sociales deben exigirle al gobierno que aumente su recaudación de ingresos por dos vías: controlando la corrupción pública y privada y elevando la carga impositiva de los sectores con más ingresos, es decir, poniéndole un mayor impuesto a la renta empresarial y a los salarios más elevados, los que superan los 40,000 dólares al año.

El gobierno también debería gravar con altos impuestos las importaciones de bienes suntuarios provenientes de países con los que no se tienen tratados de libre comercio. Para que las demandas al gobierno puedan ser efectivas, las organizaciones sociales deben movilizar a buena parte de la población, sobre todo la de menores ingresos, que es la mayoría del país.

La movilización solo será posible si se realiza un trabajo previo de información y educacion sobre la problemática financiera del gobierno y sobre las causas de la misma: la corrupción pública y privada y el carácter regresivo de la estructura impositiva, que descansa en impuestos sobre el consumo y la renta salarial (que le dan el 84% de los ingresos al gobierno) y no sobre los impuestos a la ganancia empresarial (que proporciona el 16%), sobre todo a las ganancias de las grandes empresas, que captan la mayor parte del ingreso nacional.

Hay que realizar una amplia labor educativa sobre esta temática, que incide directamente en la vida de la gente. La gente debe conocer la realidad sobre la corrupción pública y privada y sobre la legislación vinculada al tema de la corrupción, que se concentra en las leyes impositivas y el Código Penal.

Hay que crear conciencia sobre el hecho de que mientras más corrupto es un gobierno, mientras mayor es la evasión de impuestos que hacen los ricos y mientras menor es la carga impositiva legal sobre ellos, más precarias son las finanzas públicas, y por ende el bienestar del pueblo.

Un gobierno insolvente y endeudado no puede garantizar los servicios básicos de la población, a pesar de que la propia Constitución de la República se lo exige.

Usted, Sr. Pueblo, está viviendo y experimentando en carne propia cual es el resultado de un gobierno insolvente, corrupto, en el cual se ha mal usado el poder público para la “Malversación de fondos del estado“, quitándolo de las manos del pueblo para ponerlo en las manos de unos pocos ladrones.

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Publicado por chichicaste @ 12:59  | Realidades
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