Lo que parecía ser un paseo normal, se transformó dramáticamente. En la madrugada del domingo 4 de abril, Katya Natalia fue violada y asesinada. Su pequeño cuerpo apareció a unos metros del rancho ubicado en Los Blancos, departamento de La Paz.

Al momento de ocurrir los hechos, eran casi 20 personas las que se encontraban en el lugar entre familiares y empleados del abuelo de Katya. Había gente con formación militar, policial y jurídica. El padre de la víctima, capitán de la Fuerza Armada de El Salvador, era Jefe de Logística del Estado Mayor encargado de la seguridad del Presidente de la República. Un tío de Katya Natalia, capitán retirado y alto oficial de la Policía Nacional Civil, era el segundo jefe de la División de Investigación Criminal de dicha institución. Otro tío que se encontraba en el lugar, también era capitán en activo.

Según el abuelo de Katya Natalia, nadie se enteró de lo ocurrido. El padre sostuvo que estaba durmiendo entre sus dos hijas en una pequeña “tienda de campaña” y también afirma que no se dio cuenta cuando sacaron a la niña de su costado. Todos los adultos dicen que los “sedaron”. Pero las contradicciones y los vacíos son tantos…Torpeza en el manejo de la escena del crimen, pasividad en las investigaciones y manipulación de las pruebas encontradas, son sólo algunos ejemplos de todo lo que se hizo para que los responsables del brutal hecho quedaran en la impunidad.

Debido a la poca diligencia oficial en el esclarecimiento del caso, Hilda María Jiménez fue la única que exigió incansablemente justicia. Ella siempre sostuvo con insistencia que su hija sólo pudo levantarse con su padre o abuelo, pues era muy tímida y tenía muchos temores.

Como resultado de la lucha de esa madre y la presión social, cuatro personas fueron detenidas en enero del 2000: el padre de Katya, acusado por el delito de abandono y desamparo en la niña; su abuelo, por el delito de violación en menor y homicidio agravado; y dos empleados que “dormían” junto a la entrada del rancho, por el delito de encubrimiento.

En los tribunales Hilda María encontró nuevas trabas en su esfuerzo por dar con el o los autores del asesinato de su hija. Tanto así que la Jueza de Instrucción encargada del caso, debido a su actitud mostrada durante el proceso, fue amonestada por la Corte Suprema de Justicia. Esta funcionaria no valoró en su debida medida los aportes que se le presentaron para el esclarecimiento del caso, desperdiciando posibles vías de investigación. Tampoco valoró la evidente actitud de encubrimiento, llegando hasta el posible fraude procesal por parte de algunos de los presentes en la escena del crimen cuando éste ocurrió. Además, trató mal a la víctima en repetidas ocasiones.

El 10 de octubre del 2000, la Jueza otorgó el sobreseimiento definitivo al padre de Katya. Los tres acusados restantes fueron sobreseidos de forma provisional, a la espera de nuevas evidencias. En octubre de 2001, el sobreseimiento provisional pasó a ser definitivo porque esas “nuevas evidencias” nunca aparecieron, debido a que la Fiscalía General de la República no investigó más.

A casi más de 9 años de la muerte de Katya, la sociedad salvadoreña mantiene viva su indignación por este caso y recuerda a una madre ejemplar que luchó contra todos los obstáculos por buscar justicia. Ella puso a prueba, una vez más, nuestras débiles instituciones y reveló su ineficacia. En este caso se juntaron el encubrimiento, un presunto fraude procesal y la manipulación de pruebas para favorecer a los victimarios y dañar más a las víctimas. Pero, también, el caso generó un amplio repudio de la sociedad y convocó a la solidaridad activa para respaldar la persistente denuncia pública de esa valiente mujer. Este es uno de los casos que más cobertura a recibido por parte de los medios de comunicación y sobre el cual, sin duda, se ha opinado en cada rincón del país.

Hilda María Jiménez junto a Gina Marcela, la hija sobreviviente, tuvieron que abandonar el territorio nacional, temiendo por su seguridad. Mientras, Katya Natalia todavía espera que se le haga justicia.