Les presentamos un comunicado de FESPAD, sobre lo del préstamo de 500 millones de dólares, deuda que el Estado, por medio del gobierno de Saca, adquirirá con el BID para único beneficio de los bancos privados.

En este período de "austeridad" y de "falta de liquidéz" para solventar pagos y subvenciones, nos resulta extremadamente escandaloso que el Gobierno Central se endeude con un nuevo préstamo de $500 millones para la banca privada, cuando no se ha demostrado que esta esté con falta de liquidéz.

Lo que resalta de este estudio de FESPAD, es que la banca privada no asumirá ninguna responsabilidad directa sobre ese dinero que se les ofrece en bandeja de plata, y que el Estado no tendrá ningún control sobre el destino final del dinero. Y lo peor será que usted, estimado lector, yo y los demás, contribuyentes todos, seremos los que cargaremos con esa deuda firmada a intereses altísimos.
Nacionalizar deudas privadas, tal es el cometido de las administraciones areneras. Seguramente que NUNCA socializarán los beneficios privados. No, eso nunca!

Y cómo lograron pasar este préstamo sin que la bancada legislativa del FMLN haya dicho nada? Pues, fácil, por medio de tecnicidades : "el Presidente de la República ha optado porque el crédito sea contratado a través del Banco Central de Reserva, a efecto de obviar el requisito establecido en el art. 148 Cn., que establece que los empréstitos voluntarios contratados por el Organo Ejecutivo deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Debido a que el BCR es una Institución Autónoma no se considera dentro del Organo Ejecutivo".

Ojo: esto de que el BCR es una "institución autónoma" es la peor falacia de todas, cuando bien es sabido que desde el Consenso de Washington, hasta la firma del TLC, las bancas centrales de los países latinoamericanos serviles a los intereses estadounidenses, están bajo las órdenes directas de la Banca Mundial y del Fondo Monetario Internacional, organismos internacionales que les dictan TODAS las políticas económicas a seguir. Desde la pérdida de nuestra soberanía monetaria, el BCR no es más que una institución "cascarón" que no regula nada. Aquí se ha liberalizado el diminuto mercado financiero, dejando libres de controles del gobierno a los bancos locales y permitiendo que la deuda privada y las tasas de interés se vayan por las nubes.

Así vamos en esta hacienda, donde el mandatario se pone a las órdenes de los intereses de las clases dominantes nacionales y de intereses foráneos; donde no hay dinero para los hospitales, ni para la educación, ni para otros programas sociales.

EL SAQUEO DEL ESTADO CONTINÚA!

Zope

Comentario Tomado del blog El Trompudo.



El Gobierno ha decidido poner 500 millones de dólares, provenientes de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, a disposición de los bancos privados. Además, el presidente de la República, Elías Antonio Saca, ha declarado que el Gobierno está buscando 1 mil 300 millones de dólares más ante el Fondo Monetario Internacional a fin contar con recursos para inyectar al sistema financiero nacional.

La operación de 500 millones de dólares que se ha propuesto consta de dos momentos. El primero consiste en la adquisición de un préstamo internacional de 500 millones de dólares por parte del Banco Central de Reserva. El segundo momento consistirá en el traslado de ese dinero a los bancos comerciales por medio de la compra de una parte de las carteras de crédito.

La tesis del Gobierno es que la inyección de dinero a la banca comercial atenuará las restricciones crediticias que los bancos comerciales ya han impuesto. Los fondos “servirán para créditos productivos y, por supuesto, a través del crédito se generen los empleos”, declaró el presidente Saca. Cabe mencionar que dichas restricciones no está claro si es por falta de liquidez o por la adopción de políticas de crédito de menor riesgo por parte de los bancos.

Diversos representantes del sector empresarial se han pronunciado complacidos por la medida gubernamental. Sin embargo, no hay suficiente claridad sobre las garantías de la operación financiera. “Pensaríamos que el destino de este fondo sea para apoyar a todos los sectores que contribuyen al dinamismo de la economía y que sean exclusivamente para eso”, declaró al respecto Federico Colorado, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.

También se ha conocido que las tasas de intereses a las que será colocado el dinero gestionado por el Estado no serán bajas. “No creemos que sean tasas bajas, porque el crédito se ha contratado a la LIBOR más 4%, y al consumidor le saldrá entre 10% y 12%, pero no hay peor crédito que el que no se tiene”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Jorge Daboub.

Preocupaciones

a) No está demostrado que el sistema financiero nacional tenga un problema de liquidéz. Oficiales bancarios han declarado que las restricciones que actualmente están experimentando usuarios del sistema financiero para obtener créditos se deben a que las políticas de riesgos han sido revisadas bajo un criterio de mayor prudencia. Si esas políticas, las cuales pueden ser positivas, se mantienen más tiempo de poco servirá inyectar dinero a los bancos, porque quienes en este momento han perdido acceso al crédito, por su calificación de cliente, continuarán en la misma condición.

b) Al efectuar esta transacción por medio de la compra de carteras de crédito, el Estado no tendrá control sobre el destino final del dinero que colocará en los bancos. Serán estos los que, conforme sus políticas internas, decidirán a quiénes y bajo qué condiciones otorgarán estos fondos en forma de préstamos a sus clientes. Es decir que no hay garantía de que los fondos llegarán por ejemplo a empresas que, debido a las restricciones crediticias, tengan que hacer recortes de puestos de trabajo. En cambio los fondos pueden ser colocados en sectores especulativos que busquen sacar ventaja de la actual crisis económica.

c) Los bancos no asumirán responsabilidad directa por el dinero que van a recibir de parte del Estado. La garantía que el Estado obtendrá será la de cada uno de los créditos que conforman la cartera que los bancos privados le vendrán al Banco Central de Reserva. Esas garantías en el momento de la transacción pueden tener alta calificación, pero en pocos meses, a consecuencia de la misma crisis, pueden caer en mora o volverse impagables, siendo el Estado el que tendrá que cargar con esas perdidas.

d) El Gobierno no ha demostrado que la forma en que ha decidido llevar adelante la transacción con los 500 millones de dólares es la mejor alternativa, en relación a otros mecanismos con los que el Estado cuenta para inyectar dinero en la economía. El dinero, por ejemplo, podría ocuparlo para conceder nuevos créditos que tengan un impacto positivo y directo. Otra opción es que en lugar de recurrir a los bancos privados, se canalicen esos fondos a través de las instituciones financieras del Estado. Y también está la clásica alternativa, por estar en momentos que pueden ser de contracción económica, de aumentar la inversión pública.

e) En última instancia es el Estado el que garantizará el préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Por mínima que sea la suma que se pierda en esta transacción, serán los contribuyentes los que tendrán que cargar con el costo.

f) En este caso, el Presidente de la República ha optado porque el crédito sea contratado a través del Banco Central de Reserva, a efecto de obviar el requisito establecido en el art. 148 Cn., que establece que los empréstitos voluntarios contratados por el Organo Ejecutivo deben ser autorizados por la Asamblea Legislativa. Debido a que el BCR es una Institución Autónoma no se considera dentro del Organo Ejecutivo. Nos preocupa, sin embargo, que bajo una excusa técnica se evada el interés constitucional de desarrollar un control interorganos en caso de deuda pública, y que amparados en la excesiva discreción que concede la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva, la Asamblea Legislativa no sea la institución que autorice y ejerza control sobre esta multimillonaria operación.

Peticiones En razón de los puntos expuestos, pedimos:

a) Al Gobierno, poner a disposición del público en general toda la información sobre la operación financiera en cuestión, que entre otros aspecto demuestre por qué se tomó esta alternativa frente a otras posibilidades;

b) Al Gobierno, reconocer que en última instancia son las y los contribuyentes quienes cargarán con el costo de esta medida si las cosas no salen como se han previsto;

c) Al Gobierno, revisar la decisión adoptada para garantizar que el dinero llegará a los sectores que realmente lo necesitan y no a especuladores, así como las acciones y responsabilidades que se adoptarán para minimizar el riesgo;

d) A la Asamblea Legislativa, pronunciarse sobre la contratación del crédito por 500 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desarrollo, emitiendo las recomendaciones o condiciones que las y los diputados estimen necesarias;

e) A los diferentes órganos del Estado, buscar y adoptar un acuerdo político sobre las medidas que son aceptables para hacer frente a las crisis económica, incluyendo condiciones para adquisición de deuda y para la inyección de fondos públicos a la economía; y

f) A las y los salvadoreños, estar vigilantes de las decisiones y actuaciones del Gobierno, cuidando que las medidas que se adopten para enfrentar la crisis económica efectivamente lleven alivio a los sectores necesitados y no, como por tradición ha ocurrido, a los grupos privilegiados de siempre.


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