La Audiencia Nacional en España investigará a 14 militares salvadoreños por el asesinato de seis jesuitas y exoneró al expresidente de la República, Alfredo Cristiani, por falta de bases indiciarias, según cables internacionales.

En noviembre de 1989, en el marco de la ofensiva guerrillera, fueron asesinados seis sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos empleadas, a manos de un cuerpo elite del Ejército.

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, se declaró competente para investigar a los catorce militares, por su presunta implicación en el múltiple asesinato.

Los 14 militares investigados son los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; así como los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guevara Cerritos.

También se investiga a los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zárpate Castillo; al cabo Ángel Pérez Vasquez y a los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra Ascensio.

Asimismo, Velasco solicita una comisión rogatoria a El Salvador y otra a Estados Unidos para que testifiquen William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador como parte de la Comisión del Congreso estadounidense, y el mayor del Ejército de Estados Unidos Erick Buckalnd.

La querella fue presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), el 13 de noviembre de 2008, bajo los cargos de crímenes Lesa Humanidad y Terrorismo.

En la admisión del razonamiento único jurídico divulgado este lunes, por el Juzgado Central de Instrucción de Madrid, España (caso No 006), se exonera al ex presidente Alfredo Cristiani de los cargos criminales, aunque el proceso sigue para los militares.

El caso estará a cargo del juez Eloy Velasco, quien se declaró competente para investigar el crimen de los cinco sacerdotes españoles y un salvadoreño, y sus dos empleadas.

Los sacerdotes asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, de la misma nacionalidad, y el salvadoreño Joaquín López y López, además de Elba Ramos y su hija Celina, de 16 años.

El juez, en su primera fase ha requerido dirección y testimonios de los involucrados en el proceso judicial, así como de los encargados de investigar los hechos en esa fecha.

Las investigaciones salvadoreñas condenaron a al coronel Guillermo Benavides y otros nueve militares, en septiembre de 1991, pero con la aprobación de un decreto legislativo promovido por el Ejecutivo y apoyado por los partidos de derecha, se aprobó en 1993, la Ley de Amnistía que les permitió su libertad, mientras que el resto de militares responsables siguieran en la impunidad.

Un investigador salvadoreño estadounidense dijo a Diario Co Latino, que el ex Presidente de la República, tenía responsabilidad, por cuanto el estuvo en el reunión donde se decidió el múltiple asesinato, además, por el orden militar jerárquico, pues él era el Comandante General de la Fuerza Armada. No obstante, la justicia española desecha estos elementos.

Tomado de Diario Colatino