S?bado, 25 de julio de 2009
EXIGENCIA DEL PUEBLO SALVADOREÑO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA QUE CUMPLA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE LOS FUNCIONARIOS SALIENTES

 
Es necesario que la población exija un ajuste de cuentas al gobierno saliente.

Malversación, administración deficiente, peculado, concusión, negociaciones ilícitas, cohecho, enriquecimiento ilícito, etc., son algunas de las conductas que podrían estar detrás de la gestión de Elías Antonio Saca y su gabinete de gobierno. Aunque debe de advertirse, que no es el único gobierno de ARENA que podría rayar en lo ilícito, en cuanto al manejo de los fondos públicos se refiere.

En el 2005, en ocasión de haber finalizado su mandato presidencial, el ex presidente Francisco Flores y algunos de sus funcionarios, fueron señalados por la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, como funcionarios con cuentas irregulares; es decir, que existían razones suficientes para pensar que se habían enriquecido ilícitamente gracias al erario público.

Para recabar prueba, el entonces jefe de la sección de Probidad, respetable José Eduardo Cáceres Chávez, solicitó a instituciones bancarias, estado de cuentas de los personajes en cuestión; el sistema financiero respondió mandando cartas a la Corte Plena, aduciendo que las peticiones del ex jefe de probidad, violaban el secreto bancario.

La Corte Suprema de Justicia, como ya conocemos, resolvió acatando la petición de los bancos, restándole facultades a la sección para hacer ese tipo de diligencias, en franca arbitrariedad, ilegalidad, burla y violación de la normativa constitucional.

De esa manera se mal entendió, que los nuevos funcionarios y empleados públicos que a la luz de la LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, deben rendir sus informes de cuentas, gozarían de absoluta impunidad.

En cierta manera esa conclusión puede considerarse cierta, porque la misma Corte Suprema de Justicia por Acuerdo ató de manos y pies a la Sección, que por disposición secundaria, es la encargada de velar por el estricto cumplimiento y aplicación de las disposiciones de dicha Ley (art. 27). Aquí podría discutirse que un Acuerdo de Corte no priva sobre una disposición legislativa, pero no es el caso; es obvio, y hasta un estudiante de primer año de Derecho estaría de acuerdo con esta premisa.

Lo que sí importa debatir, es que la Corte Suprema de Justicia está en la obligación constitucional, se subraya constitucional, de velar por la defensa del patrimonio del Estado, y por consiguiente de hacer cumplir  la LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS. No importando si lo hace a través de la sección de Probidad.

La razón de la anterior afirmación, se encuentra claramente señalada en el art. 181 de la Constitución, cuando el constituyente formuló como atribución sexta de la Corte Suprema de Justicia: «Conocer  de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por la ley».

Pero todavía más evidente es esta obligación de la Corte Suprema de Justicia, cuando se lee del art. 240 inciso tercero de la Constitución, que regula propiamente el tema del enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos: «[…] La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración […]».

La redacción deja en evidencia, pues, que la obligada es la Corte, no la sección de Probidad; que esta Sección le facilite el trabajo a la Corte, es una cosa muy distinta a querer suponer maliciosamente que porque la Sección está impedida de pedir informes bancarios, la Corte Suprema de Justicia, también esté inhabilitada; falso.

La Constitución es clara, la Corte está facultada para hacer todo tipo de investigación en la búsqueda de la verdad sobre las declaraciones del estado de patrimonio hechas por los funcionarios y empleados públicos al término de sus mandatos.

En igual sentido el legislador desarrolló este mandato, al redactar en el art. 8 de la LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, que La Corte Suprema de Justicia podría « […] 1ª.-Tomar las medidas que estimare necesarias, cuando el caso lo amerite, para comprobar la veracidad de las declaraciones de patrimonio, sirviendo sus resultados únicamente para los efectos que determina esta ley […].

Pues bien, citadas las disposiciones constitucionales que advierten de forma clara y concreta la obligación de la Corte Suprema de Justicia, es decir, de sus quince Magistrados y Magistradas, de hacer todo lo que tengan que hacer en la investigación del enriquecimiento ilícito, debe decirse, que si bien es cierto, la misma Corte atavió a la Sección encomendada para tales fines, son ellos ─los quince Magistrados y Magistradas─ los obligados en ejecutar todas las actuaciones ─que en todo caso le hubiese facilitado la Sección de Probidad─, encaminadas en la investigación de enriquecimiento ilícito.

En buenas cuentas, existe sobrado y robustecido marco normativo para exigir de la Corte Suprema de Justicia, es decir a sus quince Magistrados y Magistradas, las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito a todos los funcionarios y empleados que conforme a la ley, están en la obligación de rendir declaración; justo en este momento que existen sospechas de la existencia de delitos contra el dinero del pueblo.

No hay excusa que valga. Debemos entender que la Corte Suprema de Justicia está en plena obligación de acatar el mandato constitucional, sea o no, a través de la sección de Probidad.

Esta afirmación deviene precisamente de que según el art. 235 de la Constitución, los Magistrados y Magistradas que conforman la Corte Suprema de Justicia, protestaron bajo palabra de honor ser fiel a la república, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, y además prometieron el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo les impone, por cuya infracción son responsables conforme a las leyes.

En ese sentido, los arts. 240 inciso tercero y 181 atribución sexta de la Constitución, y la LEY SOBRE EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PUBLICOS, obligan a los quince Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de justicia, a que realicen todo lo que sea necesario en la investigación del patrimonio de los funcionarios y empleados públicos. Es un mandato constitucional y legal, que cumplan con esa obligación, de no cumplirlo, los señores Magistrados y señoras Magistradas, estarían desobedeciendo un mandato constitucional, y con ello, la promesa que conforme al art. 235 Cn. hicieron bajo palabra de honor, y lógicamente, serían sujetos a las responsabilidades legales del caso.

Así lo establece el art. 236 de la Constitución, y deberán responder primeramente ante la Asamblea Legislativa por los delitos cometidos.

Lo más importante es que de acuerdo al art. 236 inciso final, CUALQUIER PERSONA TIENE DERECHO DE DENUNCIAR LOS DELITOS QUE COMETIERAN LOS 15 MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Lo que equivale a tener la puerta abierta para que la población salvadoreña impulse las denuncias respectivas para que la Asamblea Legislativa inicie las investigaciones delictivas respectivas respecto de los Magistrados o Magistradas que se opongan a cumplir con su obligación.

Por lo tanto, este es un atento llamado a la población salvadoreña para que ejerza la presión debida a fin de que los quince Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, hagan las investigaciones patrimoniales de los funcionarios y empleados salientes, empezando por el  expresidente de la República, Br. Elías Antonio Saca.

A la Corte Suprema de Justicia, rescate a la sección de Probidad y la convierta en protagonista de la investigación que por naturaleza le pertenece, facilitándole las herramientas y la libertad de actuación que necesita para investigar a fondo y cumplir con la ley.

Caso de que la Corte Suprema de Justicia, haga caso omiso de la petición, o realice investigaciones deficientes que hagan pensar que promueven la impunidad en El Salvador, se le pide a la población en general, haga las denuncias respectivas en contra del Magistrado o Magistrada que así se comportare.
 
CERO IMPUNIDAD



Chichicaste. El Salvador






Tags: El Salvador, corrupción, anticorrupción, cero Impunidad

Publicado por Tepez @ 6:43  | Realidades
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Comentarios
Publicado por Invitado
S?bado, 25 de julio de 2009 | 11:07
En este pais mientras la derecha corrupta tenga mayoria en el legislativo, la impunidad sera eterna, sino mire al magistrado que eligieron, no cumple con los requisitos de ley, MORALIDAD NOTORIA lo dice el mismo tribunal de etica, y el noticiero del canal 21, tiene a toda la familia trabajando en un tribunal con plazas fantasmas.


El diputado vicepresidente dice, se paso el filtro..???


SERAN NEGOCIOS ??? Gestos con las manos
Publicado por el vandelium
S?bado, 25 de julio de 2009 | 13:52
ME GUSTO TU POST.

TENES TODA LA RAZON. NO SE JUSTIFICA QUE TODOS LOS PRESIDENTES DE EL SALVADOR ENTREN POBRES Y SALGAN MILLONARIOS EN DOLARES DESDE LOS TIEMPOS DEL GENERAL MARTINEZ.
-pues asi es la historia-.

Y LOS QUE MAS HAN ROBADO SON LOS EXPRESIDENTES DE ARENA.

PERO UN PUNTO:
HOY EL EJECUTIVO ES DEL FMNL..Y NO HAY DENUNCIA PARA LO QUE PEDIS EN NINGUNA PARTE.

SI NO HAY DENUNCIA O QUIEN PIDA LA INVESTIGACION,NO LA HARAN.
S
I NO LA PIDEN...!SON COMPLICES!!
AHI NO HAY VUELTA DE HOJA.

YA NO PODEMOS SEGUIR COMO PAIS...

QUE CADA PRESIDENTE DEL EJECUTIVO QUE LLEGUE SEA CASI UN DIOS..QUE NO HAY LEYES ENCIMA DE EL,ni encima de la primera DAMA.

POR PLEASE..

TERMINEMOS CON ESO, METIENDO PRESOS A LOS 4 EXPRESIDENTES DE ARENA.
SI PRESOS...
o que devuelvan el pisto.
Publicado por barah
Mi?rcoles, 29 de julio de 2009 | 18:43
Opino que se deben meter presos y adem?s que devuelvan el dinero con creces. Tenemos nuestro gobierno pero hasta la fecha hemos visto una posici?n muy d?bil para atacar el tema de la corrupci?n. Con denunciar las plazas fantasmas no se logra nada, hay que presentar las demandas respectivas. Si la fiscal?a no hace nada, pues ese ser? problema de la fiscal?a; como gobierno se tiene la responsabilidad de iniciar los procesos penales respectivos. Y tal como se ha dicho, el que no hace nada se vuelve c?mplice. Y el que no la hace, se la hacen...
Publicado por nino saracay
Lunes, 03 de agosto de 2009 | 1:36
bueno para quien lo qiera ber.como pueblo salvadoreno en australia.PEDIRIAMOS QUE LOS ARENEROS SE METAN EN LA CARSEL Y DESPOJARLO DESUS VIENE Y PORQ SON DENUESTRO PUEBLO.TANBIEN EYOS NO TUBIERON PIEDAD PARA DESPOJAR Y MATAR A NUESTRA FAMILIA ABUSANDO EL PODER Y SI NO ESTARAN ACIENDOLO DE NUEVO.MERESEN CASTIGO Y ELLOS NO ENTIENDE QUE ES DEMOCRACIO PORQUE NO TIENEN CONSIECIA .YA SE LES OLVIDO TODO LAS TRANPAS QUE HISIERON EN LAS ELECCIONES DE FUNES.CASTIGOA LOS(ARENEROS)hacer pedazos
Publicado por pampiiano
Domingo, 04 de octubre de 2009 | 12:06
te apoyo en todo lo expuesto, pero que pasa si el fiscal tiene miedo y no quiere procesar a cristiani y los otros tres, y los ptes. de los otros tres organos del estado y todos sus lacayos, qu haremos con tanto funcionario corrupto, en donde estaran presos, yo opino que primero que devuelvan lo robado, esten un tiempo en prisiones que pagen ellos, no el pueblo y que sepamos quienes son todos ellos, pero aqui todos los medios de cominicacion estan comprometidos y nos mienten dentro y fuera del pais.
Publicado por sombra negra
Viernes, 08 de julio de 2011 | 22:25

senores de la corte suprema de justicia

pongan atencion a tanta  altaneria de la Lic yaneth abrego coordinadora general den centro integrado de soyapango,  juego de poder, trasladando a su antojo, a la gente trabajadora , inventando cosas, ya que la señora no tiene personalidad , no tiene caracter; y lo peor una mente tan pequeña para poder enfrentar los problemas que se dan en el centro integrado.

escuchenos autoridades de la corte y tomen cartas en el asunto