Redacción Diario Co Latino

Nadie habla, todos lloran. Sin consuelo, buena parte de los habitantes del cantón Trinidad, del municipio de Sensuntepeque, Cabañas, dejan correr sus lágrimas y se despiden de Dora Santos Sorto Rodríguez, en el cementerio municipal de Ilobasco.

Ella era una ambientalista, murió la tarde del sábado pasado. Fueron cinco balas las que impactaron su espalda y le quitaron vida.

Dora era amiga de todos y de todas, no tenía conflictos con sus “compas”. Su prima, quien prefirió omitir su nombre, dijo que su familiar era pacífica, por eso le extraña que su muerte haya sido de esa forma.

Además de dedicarse al cuido de sus hijos con su esposo José Santos Rodríguez, ambos se oponían a los proyectos mineros de la zona. Buena parte de la población cree que esa fue la causa por la que la mataron.

Y es que no sólo Dora fue asesinada de forma extraña este año en Cabañas. En julio, el ambientalista Marcelo Rivera fue secuestrado, torturado y asesinado. Un mes después, en agosto, al activista Ramiro Rivera le dispararon, pero, logró salvarse; sin embargo, el día 20 de este mes lo asesinaron.

La noche del nueve de noviembre pasado, dos supuestos policías con gorros navarone ingresaron a la casa de José Santos. Ese día, el ambientalista y su familia no estaban en su hogar. Lograron salvarse.

Y, el mismo día que asesinaron a Ramiro, a José Santos le intentaron quitar la vida.

La gente de Cabañas y de las organizaciones sostienen que el único vínculo que tienen estas tres muertes es su oposición a la minería metálica, de ahí que les hace pensar que por eso fue que a estas tres personas los asesinaron grupos expertos en sicariato.

El presidente y coordinador del Comité Ambiental de Cabañas, Francisco Pineda, exigió a las autoridades investigar a diputados, alcaldes y personas naturales.

Desde 2004, los proyectos mineros en Cabañas sólo han traído violencia y conflicto a los pobladores de ese departamento.

La exploración minera coacciona la libertad de los habitantes, ya que los intimidan a vender sus tierras, bajo la justificación de que la minería les dará una vida mejor.

Sin embargo, muchos como Dora y su esposo José Santos se negaron a vender sus tierras y expresaron abiertamente su oposición a la extracción de oro.

La parroquia El Calvario del centro de Ilobasco está llena. Fray Óscar Antonio Granados precedió la eucaristía en la misa de las exequias de Dora.

El religioso manifestó que las empresas mineras “inyectan” codicia entre la población del lugar.

Además, “siembran” muerte, miseria y amargura entre los pobladores de las comunidades que están en los alrededores de los proyectos mineros.

Fray Granados les pidió a los presentes en la misa tomar conciencia de la problemática y no callar para que la minería en el país no se concretice.

“No pueden parar la lucha, porque la lucha sigue de pie”, manifestó Fray Granados durante la misa.

Las puertas de la parroquia eran custodiadas por policías. Sus miradas volteaban de un lado a otro en busca de cualquier movimiento extraño.

Eran las cuatro de la tarde cuando el ataúd que contenía el cuerpo de Dora salió de El Calvario.
Una fila considerable de autos seguía el carro fúnebre que trasladaba el cuerpo hasta el cementerio. Al inicio y al final de la procesión estaban carros patrulla de la Policía, que protegían a los dolientes.

José Santos no hablaba, simplemente lloraba y con sus hijos y su cuñada, Sandra, se consolaban mutuamente en ese momento de dolor.

El Sol empieza a ocultarse. Son las cinco de la tarde y la gente que acompaña el entierro inicia su retirada. Y el silencio existente al principio del entierro se mantiene. Muchos avanzan cabizbajos, pero, por dentro, saben que la muerte de Dora no lo causaron las pandillas, ni las rencillas personales. Saben que existe otra causa y el autor intelectual no anda tatuado, ni mucho menos es alguien de la comunidad.

PDDH pide esclarecer crimen

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Humberto Luna, señaló que las medidas de seguridad que la policía implementó con los activistas ambientales no fueron eficaces, ya que hasta la fecha tres personas de esas organizaciones fueron asesinadas.

Luna pidió que de forma urgente se esclarezcan estos crímenes y no descartar ninguna línea de investigación de la individualización de los actores materiales e intelectuales en cada caso.

Asimismo, recomendó crear un grupo de trabajo fiscal y policial especial para investigar los atentados y amenazas en contra de defensores ambientales y sus familias que, a la fecha, ya son once las personas a quienes se les ha amenazados de muerte.

Luis Francisco López, abogado de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, aseguró que en este crimen, así como en el asesinato de los otros dos activistas se evidencian “niveles de sicariato altamente organizados”.

López sostuvo que la Fiscalía General de la República debe de abrir líneas de hipótesis de investigación superiores y no tener un papel pasivo.

Más condenas

El grupo de Comunicadores Ambientalistas Contra el Cambio Climático/El Salvador (C4/El Salvador) se pronunció ante este hecho violento, a través de un comunicado en el que lamenta que en el país aún existan grupos armados al margen de la ley.

“La existencia de dichos grupos es el reflejo de la inutilidad del gobierno y el sistema de justicia salvadoreños para investigar los crímenes señalados”, dice el pronunciamiento de los comunicadores.

El C4/El Salvador exige el cese de presiones por empresas como la transnacional minera Pacific Rim, y hace un llamado a las organizaciones sociales nacionales e internacionales, a que luchen por este objetivo, ya que todos los crímenes giran alrededor de esta empresa